Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad de Morón

 

Duración: 18 hs. – 6 jornadas – martes de 17 a 20 hs.

Lugar: Universidad de Morón

Dirigido a Magistrados, Funcionarios y Abogados

Directora: Dra. Liliana Graciela Ludueña

Coordinador: Dr. Ricardo A. Osorio

PROGRAMA:

16/08/11- TUTELA ANTICIPADA – SENTENCIA ANTICIPADA Dr. Jorge A. Rojas

23/08/11- EL DEBIDO PROCESO ANTE EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Dra. Maria Silvia Villaverde

30/08/11- MEDIACIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Dr. Héctor E. Leguisamón

06/09/11- LAS RECIENTES REFORMAS PROCESALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Dr. Mario E. Kaminker

13/09/11- NUEVO JUICIO DE INTERDICCIÓN E INHABILITACIÓN Dr. Jorge L. Kielmanovich

20/09/11- EL ROL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Dr. Eduardo De Lázzari (Vicepresidente de la Excma. S.C.B.A)

Certificados de Asistencia

Informes e inscripción: Oficina de Administración de Posgrados y Actividades Extracurriculares – Cabildo 134 – Morón – 1er. Piso – Tel. 5627-2000 int.266 – posgrados@unimoron.edu.ar –

Consultas con la Directora: info@lgluduenia.com.ar

 


Materiales


Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución de la Asamblea General A/RES/48/104 (ONU) del 23/2/1994

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (denominada la CEDAW por sus siglas en inglés), aprobada por  Naciones Unidas el 18/12/1979, pertenece al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Dicha convención fue suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980, aprobada según la ley 23.179 (B.O. 3/6/1985) y se halla incluida en la nómina de los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional desde 1994, integrando el bloque de constitucionalidad federal.

Protocolo Facultativo de la Convención

La Ley 26.171 (PLN) sancionada el 15/11/2006, promulgada de hecho el 6/12/2006 y publicada en el Boletín Oficial el 11/12/2006 aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.

Recomendaciones Generales del Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el CEDAW):

Recomendación General N° 19  La violencia contra la mujer

Recomendación General N° 21  Igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares

Recomendación General N° 24  La mujer y la salud

N° 25 Medidas Especiales de Carácter Temporal (art.4 párrafo 1)

Recomendación General N° 27 sobre las mujeres de edad y la promoción de sus derechos humanos (16/12/2010 – CEDAW/C/GC/27),N° 27 Mujeres de edad y la promoción de sus derechos humanos (16/12/2010)

Nº 28 Relativa al artículo 2 sobre los “medios apropiados” o las “medidas apropiadas” para que los Estados partes apliquen a nivel nacional las disposiciones sustantivas de la Convención) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (16/12/2010).

En esta Recomendación General, el Comité distingue conceptualmente “sexo” y “género” y respecto del Poder Judicial como sujeto obligado a cumplir con la Convención, en el párrafo 33 señala: Según el subpárrafo c) [del art.2], los Estados partes deben asegurarse de que los tribunales apliquen el principio de igualdad tal como está enunciado en la Convención e interpretar la ley, en la mayor medida posible, de conformidad con las obligaciones de los Estados partes en virtud de la Convención. Sin embargo, cuando esto no sea posible, los tribunales deberían señalar a la atención de las autoridades competentes cualquier incoherencia entre el derecho nacional, incluidas las leyes religiosas y consuetudinarias, y las obligaciones del Estado parte en virtud de la Convención, dado que las leyes nacionales nunca se pueden utilizar como justificación de la falta de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados partes.

En el párrafo 34. […] Cuando la discriminación contra la mujer también viole otros derechos humanos, como el derecho a la vida y la integridad física, por ejemplo en los casos de violencia doméstica y otras formas de violencia, los Estados partes están obligados a iniciar acciones penales, llevar a los infractores a juicio e imponer las sanciones penales correspondientes.

Otros materiales del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos (ONU):

Relectura del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a partir de la Observación General 28  del Comité de Derechos Humanos (ONU, 2000) sobre el art.3 (La igualdad de derechos entre hombres y mujeres), que hace su interpretación género sensitiva incorporando las experiencias de las mujeres en estos derechos. https://villaverde.com.ar/archivos/File/investigacion/Violencia-genero/OG-28-CDH-onu.doc

  • Observación general Nº 14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

  • Observación general Nº 16 (2005) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). E/C.12/2005/4

INFORMES ANUALES de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (ONU):

INDICADORES: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, INCLUIDO EL DERECHO AL DESARROLLO: Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk: Indicadores sobre la violencia contra la mujer y la respuesta de los Estados (A/HRC/7/6 – 29/1/2008 – Consejo de Derechos Humanos).  Importancia de los indicadores: La creación de indicadores sobre la violencia contra la mujer es una obligación de derechos humanos, vinculada con la jurisprudencia en materia de derechos humanos y el principio de debida diligencia, con arreglo a la cual los Estados deben, entre otras cosas, garantizar que las intervenciones concebidas para combatir la violencia se basen en datos empíricos exactos. Para ello es necesario no sólo reunir información exacta, sino también disponer de indicadores que permitan a los órganos de decisión no especializados acceder a los datos, y al público vigilar las intervenciones. https://villaverde.com.ar/archivos/File/investigacion/Violencia-genero/info-violencia-indicadores-relatora-ONU.pdf

DEBIDA DILIGENCIA. INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  LA NORMA DE LA DEBIDA DILIGENCIA COMO INSTRUMENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk (E/CN.4/2006/61 – 20/1/2006) https://villaverde.com.ar/archivos/File/investigacion/Violencia-genero/DEBIDA-DILIGENCIA-VIOLENCIA-GENERO.pdf

Los Estados tienen el deber de actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos. Este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad1. Al respecto, la Corte Interamericana ha manifestado que:

Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos2.

1 Véase Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Una serie de convenciones interamericanas también establecen expresamente la obligación del Estado de actuar con debida diligencia para proteger los derechos humanos como, por ejemplo el artículo 6 de la Convención Interamericana Contra la Tortura y el artículo 7 inciso b de la Convención de Belém do Pará.

2 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 166.  

REPARACIÓN A LA QUE TIENEN DERECHO LAS MUJERES QUE HAYAN SIDO VICTIMAS DE VIOLENCIA: informe presentado al Consejo de Derechos Humanos por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

Tanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer imponen al Estado la obligación de prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparaciones en todos los casos de violencia dondequiera se produzcan.

El artículo 4 de la Declaración dispone que las mujeres que hayan sido víctimas de violencia deben ser informadas de la existencia de mecanismos de justicia, tener la posibilidad de acceder a ellos y el derecho a un resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional. La obligación de proporcionar una reparación adecuada supone garantizar el derecho de las mujeres a entablar acciones penales y civiles y a que las víctimas de la violencia dispongan de protección, apoyo y servicios de rehabilitación.

La noción de reparación puede abarcar, asimismo, elementos de justicia restaurativa y la necesidad de abordar las desigualdades, injusticias, prejuicios y discriminación u otras percepciones o prácticas sociales preexistentes que hayan posibilitado violaciones, incluida la discriminación contra mujeres y niñas.
Sin embargo, como señaló la anterior Relatora Especial, a la hora de cumplir la debida obligación de ofrecer reparaciones, “se dispone de pocos datos acerca de la obligación del Estado de proporcionar reparaciones adecuadas por actos de violencia contra la mujer… ese aspecto de la debida diligencia sigue estando muy poco desarrollado” (La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk -E/CN.4/2006/61)

En la sección III.C se tratan las reparaciones a mujeres y niñas en situaciones de “paz” o en las democracias consolidadas, a la luz, en primer término, de las prácticas discriminatorias contra determinados grupos de mujeres y, luego, con hincapié en casos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A/HRC/14/22  23/4/2010

ENFOQUE HOLISTICO DE LA VIOLENCIA COMO UN CONTINUO. VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN. Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, – A/HRC/17/26 2/5/2011

Obligación de debida diligencia para abordar la violencia contra la mujer:  El informe anual de 2013 de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Sra. Rashida Manjoo, se dedicará a un estudio sobre la ” obligación de debida diligencia para hacer frente a la violencia contra la mujer “:

Artículo 4 (c y d) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer exige a los Estados a “actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional castigar los actos de violencia contra las mujeres si estas acciones son perpetrados por el Estado o privados personas. ”

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el trabajo de la Comisión reitera la necesidad de que los Estados adopten las medidas apropiadas para garantizar que las mujeres estén libres de toda forma de violencia .

Para ello, los Estados deben desarrollar medidas civil, penal, , laborales y administrativas en la legislación nacional para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que son víctimas de la violencia. Así, un Estado no sólo tiene una obligación negativa de abstenerse de actos de violencia contra las mujeres, pero también tiene obligaciones positivas para prevenir y proteger a las mujeres de la violencia, castigar a los responsables y compensar a las víctimas de la violencia.

Debido a la multiplicidad de las formas de violencia contra la mujer, y el hecho de que esta violencia a menudo se produce de una manera intersectorial, los Estados deben adoptar medidas más integrales  para la aplicación efectiva de sus obligaciones de diligencia debida. Las intervenciones del Estado deben estar diseñados en los diferentes niveles en los que se desarrolla la violencia, es decir, a nivel individual, comunitario, estatal y transnacional.

El Estado puede ser responsable bajo la ley internacional para la falta de medidas razonables y adecuadas para prevenir o tratar la violaciónes de los derechos de las mujeres. En esencia, la diligencia debida proporciona un estándar de atención para medir si un Estado ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La determinación del cumplimiento requerirá una evaluación de la idoneidad de las medidas nacionales en el estado.

 

INFORME del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante (ONU):

A/HRC/7/3 – 15/1/2008 – Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak  (Tortura y violencia doméstica). El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes presenta su segundo informe al Consejo de Derechos Humanos. En el capítulo II, el Relator  se centra en la protección de las mujeres contra la tortura y en el capítulo III expone sus conclusiones y recomendaciones al respecto. En los párrafos 45 y ss. se refiere específicamente a la violencia en el hogar como forma de tortura. https://villaverde.com.ar/archivos/investigacion/violencia-genero/a-hrc-7-3-violencia-tortura.doc

 


CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER – “CONVENCION DE BELEM DO PARA”  Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil

Entrada en vigor: el 5 de marzo de 1995 de conformidad con el Artículo 21. Aprobada en la República Argentina mediante la ley 24.632 

Mecanismo  de seguimiento para el cumplimiento de la Convención: Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) -creada en 1928-  para la creación y puesta en funcionamiento de un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención de Belém do Pará –AG/RES. 2012 (XXXIV-O/04)-.

Informe sobre Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas – EA/Ser.L/V/II. Doc. 68 20/1/2007 – Comisión Interamericana de Derechos Humanos: En este informe que distingue entre Acceso de jure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos, se realiza se realiza un diagnóstico de los obstáculos que las mujeres enfrentan al procurar remediar actos de violencia, se analizan  las normas y estándares internacionales aplicables al derecho de las mujeres para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos cuando son víctimas de violencia, se exponen las deficiencias en la respuesta judicial en casos de violencia contra las mujeres y los obstáculos para cumplir la obligación estatal de debida diligenica y para combatir la impunidad. Finalmente, se hacen recomendaciones para para que los Estados actúen con la debida diligencia con el objeto de ofrecer una respuesta judicial efectiva y oportuna ante estos incidentes. http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm

HITO JURISPRUDENCIAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS:

 Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México (16/11/2009):

En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México.

La Convención Belém do Pará es una convención de derechos humanos específica sobre violaciones a derechos humanos en las que las mujeres son los sujetos que se busca proteger, considerando la discriminación y violencia de género que sufren. Incluye el derecho de las mujeres a vivir libres de aquella violencia que se ejerce en su contra por el hecho de ser mujeres y/o que les afecta de manera más grave por ser mujeres. Este derecho incluye otros más, como el derecho a estar libre de toda forma de discriminación y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. También incluye deberes específicos a estos derechos, como son los de respetar, proteger y garantizar debidamente a todas las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

Existen algunos casos en los que la Corte ya ha señalado el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención Belém do Pará, pero éste es el primero en el que desde la demanda se plantean violaciones a esta convención.

También es la primera vez que un Estado, que a pesar de haber ratificado dicha convención, no acepta que ésta le obligue, ni reconoce las responsabilidades que ésta le impone. Ante esta controversia, la Corte realizó un análisis detallado para determinar si tenía la competencia, es decir, si el derecho la facultaba para investigar violaciones a esta Convención y en su caso, obligar a los Estados que la han ratificado a que realicen acciones para cumplirla.

La Corte resolvió que sí es competente para investigar y establecer responsabilidad internacional a los Estados por violaciones a los derechos y obligaciones definidas en la Convención Belém do Pará. Establece que sólo puede hacer esa investigación respecto al artículo 7, sin que eso signifique un impedimento para tomar todos los otros artículos de la Convención para la interpretación de la misma y de otros instrumentos interamericanos pertinentes. Todo ello bajo el razonamiento de que el artículo 12 de la Convención sólo menciona al artículo 7 como aquél por el cual se pueden presentar denuncias o quejas de violación a los deberes ahí establecidos.

El hecho de que exista la posibilidad de presentar peticiones individuales tiene por objetivo alcanzar la mayor protección judicial posible, esto no sólo por los casos que puedan ser investigados, sino también por las precisiones y alcances que puede brindar el enfoque de género en el análisis y trabajo judicial. Esta posibilidad confirma también la preocupación que dio origen a la Convención Belém do Pará: la gravedad del problema de la violencia contra la mujer en todo el hemisferio, su relación con la discriminación históricamente sufrida por ella y la necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

Este es un logro fundamental. Es un precedente que implica que nunca más ningún Estado podrá poner en duda que al ratificar esta Convención se obliga y puede ser juzgado por su incumplimiento. También significa que los derechos de las mujeres se refuerzan, tanto en su especificidad como en su universalidad, y establece un marco sólido para la interpretación judicial con perspectiva de género que es necesario seguir desarrollando a través de la doctrina jurídica.

En este último punto es interesante la lectura de los peritajes presentados por la Comisión y las organizaciones representantes, como insumos para continuar con la reflexión y el debate sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia.

Otro tema de especial preocupación para el sistema de protección integral del derecho a una vda libre de violencia para las mujeres y las niñas es el referido a la obligación de garantizar a las
víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho individual a la reparación. Tanto la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer imponen a los Estados el deber de proporcionar indemnización por todos los actos de violencia. Sin embargo, la puesta en práctica de la obligación de debida
diligencia con respecto a las reparaciones sigue estando muy poco desarrollada. La escasa atención a las reparaciones, en los planos sustantivo como de procedimiento, a las mujeres víctimas de la violencia está reñida con el hecho de que estas son frecuente objeto de violencia tanto sexual como de otro tipo.

En  este caso, relativo al secuestro, asesinato y violencia sexual de que fueron víctimas dos menores de edad y una joven a manos de agentes no estatales en 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó de forma amplia las obligaciones de debida diligencia del Estado de investigar, enjuiciar y castigar a los culpables de la violencia contra la mujer. Por primera vez Corte hizo suya la noción de reparaciones en función del género con vocación transformadora. Estimó que en una situación de discriminación estructural, las reparaciones deben propender a transformarla, apuntando así no solo a la restitución sino a remediar la situación. La trascendencia de la decisión del tribunal regional fue señalada por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (ONU), Rashida Manjooenfo, en su informe A/66/215 de fecha 1/8/2011 (párr,72)

La Corte expuso claramente los criterios aplicables a las reparaciones por hostigamiento, entre ellas las siguientes:

Las reparaciones:

i) deben referirse directamente a las violaciones declaradas por la Corte;

ii) deben reparar proporcionalmente los daños materiales e inmateriales;

iii) no pueden significar enriquecimiento ni empobrecimiento;

iv) no deben quebrantar el principio de la no discriminación;

v) deben orientarse “a identificar y eliminar los factores causales de discriminación”;

vi) deben adoptarse desde una perspectiva de género; y

vii) deben considerar las acciones alegadas por el Estado tendientes a reparar el daño.

Sitio con amplia información sobre el caso CAMPO ALGODONERO: http://www.campoalgodonero.org.mx/

Libro sobre Análisis y propuestas para el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México,  16/11/2009, (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas),  Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.,  Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM, México, 2010: http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/descargables-estatico/Caso_Campo_Algodonero_ES.pdf

Violencia feminicida y Derechos Humanos. Marcela Lagarde, UNAM http://www.campoalgodonero.org.mx/documentos/violencia-feminicida-y-derechos-humanos-marcela-lagarde-unam

Antecedente sobre  violencia de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Sentencia de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Penal “Miguel Castro Castro” vs.Perú – 25/11/2006

Antecedentes sobre violencia de género en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

INFORME Nº 4/01 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el CASO 11.625: María Eugenia Morales de Sierra  (Guatemala) – 19/1/2001(Legislación nacional discriminatoria) 

INFORME N° 54/01 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el  CASO 12.051: Maria Da Penha Fernandes (Brasil), 16 de abril de 2001 (violencia de género)

7. Brasil Ley 11.340, crea mecanismos para combatir la violencia doméstica y contra la mujer (portugués)llamada Ley Maria da Penha (Ley de Brasil) Comentario (María Silvia Villaverde)

 


Sentencias de la Corte Interamericana sobre la doctrina del control de convencionalidad:

1. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile (26/9/2006)  – párrs. 123 a 125 

2. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú  (24/11/2006) – párr.128 

3. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (26/11/2010) – párr.225

Doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad (Control de convencionalidad, control de convencionalida de oficio, control de convencionalidad difuso)

 


Protocolo de Estambul: Pautas Internacionales para la Investigación y Documentación de la Tortura:

PROTOCOLO DE ESTAMBUL: Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)

EVIDENCIA PSICOLÓGICA DE TORTURA. Una Guía Práctica del Protocolo de Estambul para Psicólogos 2004

EXAMEN FÍSICO MÉDICO DE VÍCTIMAS DE TORTURA ALEGADAS. Una Guía Práctica del Protocolo de Estambul para Médicos 2004

Publicación sobre el Protocolo de Estambul dYour Linkel Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT): Prevención de la Tortura. Profesionales del Derecho y de la Salud trabajando juntos en contra de la Impunidad

 

Rules of Procedure and Evidence: ICC-ASP/1/3 (Part.II-A) adoptadas el 9/9/2002 Entrada en vigor: 9/9/2002 Fuente: Asambela de los Estados Parte (Corte Penal Internacional, esp. Reglas 70 y 71). Las Reglas de Procedimiento y Prueba constituyen un instrumento para la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al cual está subordinado en todos los casos. Se han incluido referencias directas al Estatuto en las Reglas, cuando correspondía, con el objeto de destacar la relación entre ambos instrumentos con arreglo al artículo 51, en particular los párrafos 4 y 5.

En todos los casos, las Reglas de Procedimiento y Prueba deben interpretarse conjuntamente con las disposiciones del Estatuto y con sujeción a ellas.

A los efectos de los procesos en los países, las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional no afectarán a las normas procesales aplicables en un tribunal o en un sistema jurídico nacionales.

Regla 70: Principios de la prueba en casos de violencia sexual

En casos de violencia sexual, la Corte se guiará por los siguientes principios y, cuando proceda, los aplicará:

a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre;

b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre;

c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual;

d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo.

Regla 71: Prueba de otro comportamiento sexual

Teniendo en cuenta la definición y la naturaleza de los crímenes de la competencia de la Corte, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 69, la Sala no admitirá pruebas del comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo.


 

 

LEGISLACIÓN LOCAL:

 Ley 26485: Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Sancionada: 11/03/2009. Promulgada de Hecho: 01/04/2009. Publicación en B.O.: 14/04/2009

Versión taquigráfica del tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores,donde fue aprobado y remitido a la Cámara de Diputados el 26/11/2008

Decreto 1011/10: Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Anexo) y faculta al CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por el presente Decreto – Publicación en el Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA: 20/7/2010

Ley Nacional 24417 – Protección contra la violencia familiar 

Decreto nacional 235/96 reglamentario de la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar

  Argentina – Ley 25.087 que modifica el Código Penal en los delitos contra la integridad sexual

Ley 12.569: Ley de protección contra la violencia familiar (Prov.Buenos Aires) – B.O. 2/1/2001

Decreto reglamentario 2875/2005 de la ley bonaerense 12.569 (Anexos I, A y B) – 28/11/2005 – B.O. 30/1/2006 (Comentario del Decreto Reglamentario 2875/2005 de la ley 12.569 – Anexos I, A y B – Por María Silvia Villaverde, publicado Investigación de la Revista Abeledo-Perrot Buenos Aires ,  LNBA 2006−5−491)

 


JURISPRUDENCIA NACIONAL Y PROVINCIAL:

   Fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: ” O., N. L.” – Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires – 20/09/2006 – www.scba.gov.ar

  Fallo de la Sala 2a.  de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Morón: “R., M. A. c/R., M. s/Inf. Ley 12569” – 25/10/05 (ciclo de la violencia)

  Fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Formosa: “A., A. R. s/homicidio simple y lesiones graves calificadas” – 28/04/2006 (tema del consentimiento)

   Fallo del Tribunal de Familia 3 de Lomas de Zamora, “B., M.P. c/G., R.A. s/protección contra la violencia familiar” , en el que se reiteró la orden de exclusión del esposo y el regreso al hogar de la esposa -víctima de violencia- y de los dos hijos adolescentes del matrimonio. Sobre violencia doméstica -como especie de la violencia de género. Se reiteró la orden de exclusión del esposo y el regreso al hogar de la esposa -víctima de violencia- y de los dos hijos adolescentes del matrimonio –  20/07/2006  

  Fallo de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil sobre divorcio vincular por culpa exclusiva del esposo, incurso en la causal de injurias graves, en el que se invocan cuestiones ligadas a la violencia doméstica – 20/11/2007

  Fallo del Juez de Familia de Rawson Dr. Martín B. Alesi sobre violencia de género – 20/02/2008

Fallos de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en los autos  “U., E. L. s/abuso sexual”, causa 37.167 y autos“A., A. M. s/lesiones”, causa 37.164, ambos del 25/6/2009, en donde la Sala revoca dos sobreseimientos y señala que, en actuaciones en donde se involucran hechos de violencia como los investigados, corresponde prestar especial atención a las pautas establecidas en la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres (B.O. 14/4/2009)


 

MATERIALES SOBRE GÉNERO Y DERECHO 

MATERIALES SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

 


MATERIALES SOBRE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES:

Las diferentes formas de violencia contra  niños, niñas y adolescentes constituyen una violación de sus derechos humanos que dañan severamente su salud y su desarrollo físico y psicológico.

El art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño entiende por violencia:

“(…) toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” y puede definirse como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño, por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad”

También debe considerarse el art.37 de la Convención que estipula que “Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (…).

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión: 4 de junio –  A/RES/ES-7/8 (31a.sesión plenaria de la Asamble General de Naciones Unidas):  El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de Naciones Unidas, “consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel”, decidió conmemorar, el 4 de junio de cada año, el Día internacional de los niños víctimas inocentes de la agresión

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (TRATADO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS: ESTE TRATADO REVISTE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL EN LA ARGENTINA EN VIRTUD DEL ART.75 INC.22 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL)

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

 Observación General No. 8 (2006) del Comité de los Derechos del Niño referente al derecho del niño a la protección de los castigos corporales y otros castigos crueles o degradantes (artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño: 19, 28, párr. 2, y 37, entre otros) – CRC/C/GC/8

Observación General No.13 del Comité de los Derechos del Niño sobre el Derecho del niño a no ser objeto de ninguna  forma de violenciael: art.19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (18/4/2011) 

 Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño, resultantes del examen del 2° Informe presentado por Argentina, en virtud del art.44 de la Convención de los Derechos del Niño – 9/10/2002.

Observaciones Finales sobre Argentina del Comité de los Derechos del Niño (ONU) – CRC/C/ARG/CO/3-4 (11/6/2010)

Guía sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños, incluidas en la Resolución 64/142 de la Asamblea General de Naciones Unidas como ANEXO: Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, aprobadas el 18/12/2009  por la A/RES/64/142 de la Asamblea General de Naciones Unidas y citadas en las Observaciones Finales sobre Argentina por el Comité  de los Derechos del Niño (párr.52 f),establecen pauta adecuadas de orientación política y práctica y tienen por objeto “promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales relativas a la protección y al bienestar de los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación”.

Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 2005/20 del 22/7/2005 – E/2005/20 – Directriz N° XI. Derecho a ser protegido de sufrimientos durante el proceso  de justicia.

OTI IIN-OEA 1/2008: Orientación Técnica Institucional IIN-OEA (Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes – OEA) sobre Revictimización de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos administrativos y  jurisdiccionales en casos de abuso sexual – Artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño -febrero de 2008

 Resolución AG/RES. 2432 (XXXVIII-O/08), “PREVENCION Y ERRADICACION DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL, TRAFICO ILICITO Y TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”, aprobada en la Asamblea General de la OEA, en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008

Observatorio Interamericano sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Recomendaciones sobre derechos y asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico, explotación sexual y/o venta. Decisión Nº 1 emitida por la Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados (RADDHH: órgano integrado por los representantes de los países miembros, es decir Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Argentina; y los países adherentes Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia). La ponencia fue presentada en el mes de marzo de 2006 en el marco de la III Reunión realizada en Buenos Aires, donde comenzó su análisis y evaluación, hasta su aprobación.

En el año 2004, por decisión del Consejo del Mercado Común, se crea la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR (RAADDHH) con el objetivo de velar por la plena vigencia de las instituciones democráticas, el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

En mayo de 2005, y como resultado de la I RADDHH, se aprueba el “Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR y Estados Asociados”, por medio del cual los Estados reconocen la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, sean derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos. Asimismo, dicho instrumento establece que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre los Estados Partes.

INICIATIVA NIÑ@S SUR: REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES RELATIVAS A LA INICIATIVA NIÑ@SUR PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES

En el marco de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR y Estados Asociados se consideró como un eje central la promoción y protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, firmándose el compromiso de los Estados de garantizar a la niñez el pleno goce de sus derechos en igualdad de condiciones, a fin de su obtener Protección Integral de sus derechos.

La propuesta que ha dado en llamarse “INICIATIVA NIÑ@SUR” tiene como finalidad promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos de derechos humanos universales y regionales. Asimismo, ésta iniciativa busca estimular el diálogo y cooperación entre los Estados para el seguimiento y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, teniendo en cuenta que varias metas tienen una relación directa con los derechos de la infancia y adolescencia.

El Grupo de Trabajo tiene un fluido y continuo intercambio que permite desarrollar distintos proyectos conjuntos, reuniéndose cada semestre en ocasión de la RAADDHH: Actas de reuniones

 


Normativa nacional e internacional sobre la erradicación del CASTIGO CORPORAL como método de disciplina:

Breves notas sobre el problema: https://villaverde.com.ar/archivos/docencia/10/Fundacion-San-Javier-violencia-ninos/castigo-corporal-disertacion.doc

 Observación General No. 8 (2006) del Comité de los Derechos del Niño referente al derecho del niño a la protección de los castigos corporales y otros castigos crueles o degradantes (artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño: 19, 28, párr. 2, y 37, entre otros) – CRC/C/GC/8


Informe sobre Castigo Corporal y los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2009, preparado por la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez , Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH OEA – Paulo Sergio Pinheiro, Comisionado y Relator sobre los Derechos de la Niñez, Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27/1/2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ampliamente citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe sobre castigo corporal y los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, 2009)

Recomendaciones del Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños:  A/61/299, distribuido el 29 de agosto de 2006. El Informe del Secretario General sobre la violencia contra los niños fue presentado el 11 de octubre de 2006 a la Tercera Comisión de la Asamblea General por el experto independiente Sr. Paulo Sergio Pinheiro.


 Opinión Consultiva  OC-17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos  Humanos, solicitada por la Comisión Intermaricana de Derechos Humanos – 28/8/2002

Declaración  de Buenos  Aires sobre Violencia contra Niños, Niñas y los Adolescentes (1/6/2005):  5. Los padres, educadores y demás personas que interactúan con los niños y niñas deben abstenerse de aplicarles castigos físicos y psicológicos como método de disciplina ni para ningún otro fin. Debe establecerse por la ley la prohibición de tales castigos y promoverse el abandono de tales prácticas.

Iniciativa Global para Acabar con todo Castigo Corporal hacia niños y niñas: Hacia la abolición completa

 


BIBLIOGRAFÍA:

Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Debido proceso constitucional. El debido proceso. Rubinzal-Culzoni  Editores, Santa Fe, 2004

Albanese, Susana, Garantías judiciales. Algunos requisitos del  debido proceso legal en el derecho internacional de los derechos humanos, Ediar, Buenos Aires, 2000

Sobre el  Caso “Mazzeo, Lulio Lilo y otros s/Recurso de Casación e Inconstitucionalidad, de 13 de julio de 2007,  y en general sobre el carácter evolutivo de recepción del derecho internacional por parte de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, véase:

Bazán, Víctor, “El derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con particular énfasis en materia de derechos humanos”, en La Ley,Suplemento Extraordinario (75 Aniversario), Buenos Aires, Agosto de 2010, pp. 1-17, especialmente sobre el caso “Mazzeo” véase pp. 10, 11 y 16

Hitters, Juan Carlos, “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación. (Criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)” en Estudios Constitucionales, Santiago, Centro de Estudios Constitucionales de Chile/Universidad de Talca, Año 7, N° 2, 2009, pp. 109-128

Loiano, Adelina, “El marco conceptual del control de convencionalidad en algunos fallos de la Corte  Suprema Argentina: “Arancibia Clavel”, “Simón”, “Mazzeo”, en Albanese, Susana (coord.), El control de convencionalidad, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2008.

En el caso Mazzeo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresa el deber del Poder Judicial local de ejercer el “control de convencionalidad”, reproduciendo prácticamente lo expresado en el párrafo 124 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Almonacid Arellano vs. Chile (Caso “Mazzeo, Lulio Lilo y otros s/Recurso de Casación e Inconstitucionalidad, de 13 de julio de 2007, párr. 21)

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “El control difuso de convencionalidad en el Estado constitucional”, en Fix-Zamudio, Héctor, y Valadés, Diego (coords.), Formación y perspectiva del Estado mexicano, México,  El Colegio Nacional-UNAM, 2010, pp. 151-188.

Cayuso, Susana, La aplicación de principio de razonabilidad y las limitaciones a los derechos fundamentales, en El valor justicia en la convivencia democrática, Coord.Alicia Noemí Farinatti, Ediar, Buenos Aires, 2000

Razonabilidad de las leyes. El “debido proceso” como garantía innominada en la Constitución Nacional, Astrea, Buenos Aires, 1989.

Zagrebelsky, Gustavo, El Derecho dúctil, Trotta, Madrd, 2002

Despouy, Leandro, Independencia de la justicia, Estándares internacionales, Federacón Argentina de Colegio de Abogados, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2010

Gelsi Bidar, Adolfo,  De derechos, deberes y garantías del hombre común, Editorial B de F, Montevideo- Buenos Aires, 2006

Highton, Elena I., “El acceso a justicia y la defensa pública en cuestiones no penales”, publicado el 21/12/2005 en el sitio web (Ministerio Público de la Defensa, Defensoría General de la Nación).

Schneider, Elizabeth, La violencia de lo privado, en Justicia, género y violencia, Comp. Julieta Di Corleto, Libraria-RedAlas,  Buenos Aires, 2010

El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño – Miguel Cillero Bruñol

Programación de los Derechos del Niño: Cómo Aplicar un Enfoque de Derechos del Niño en la Programación, Eva Geidenmark y Lena Karlsson, Save the Children Suecia, 2002 

Liwski, Norberto I. (IIN), Violencia hacia los niños: Introducción al análisis de las principales preocupaciones y recomendaciones de la OEA (V Foro Iberoamericano de ONGs de Niñez, Adolescencia y Juventud sobre Seguridad y Desarrollo Humano: Ejes para un Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Juventud, San Salvador, El Salvador, 16 a 18 de junio de 2008)

Manual “Por el fin del castigo físico humillante”, Latinoamérica y el Caribe Manual para sensibilización de padres, madres y cuidadores de niños y niñas, Save de Children, 2010.

Hitters,  Juan Carlos, Legitimación democrática del poder judicial y control de convencionalidad  http://www.procesalsantafe2011.com/wp-content/uploads/2011/03/Hitters_Juan_Carlos.pdf

  Villaverde, María Silvia, “La violencia doméstica es una violación de los derechos humanos. Régimen jurídico de la violencia familiar en la Provincia de Buenos Aires: Decreto reglamentario 2875/05 de la ley 12.569. Anexos I–A y B”  – Investigación,  LNBA 2006−5−491 (actualmente Revista de Buenos Aires, Abeledo Perrot)

  Villaverde, María S,  Ley Maria da Penha: Brasil adopta una ley específica para prevenir, investigar y sancionar la violencia doméstica y familiar contra la mujer.Revista Jurisprudencia Argentina, Actualidad en derecho extranjero, 4/10/2006, pp.34-42, Citar Lexis N° 0003/012843 ó 0003/012844

¿Por qué es necesaria la capacitación de los y las juristas y operadores/as de justicia en la discriminación de género y sus consecuencias, entre las que se encuentra la violencia de género?: https://villaverde.com.ar/archivos/investigacion/violencia-genero/derecho-genero.pdf