Régimen legal de Adopciones

Resolución N° 2533/2010 (B.O.: 30/9/2010)

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación

 

Ni la pobreza, ni la disfuncionalidad familiar pueden considerarse por sí mismas razones para promover la adopción. Por ello, el Estado está obligado a generar un sistema riguroso que garantice que los casos de adopción aprobados obedezcan a la adoptabilidad, la subsidiaridad y el interés superior de la niña, niño o adolescente.” (OTI N° 2 IIN-OEA)

Por este motivo resulta inaplazable el cumplimiento efectivo de las leyes que establecen en el Estado los SISTEMAS DE PROTECCIÖN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES, cuyo eje -a diferencia de los sistemas de protección fundados en la doctrina de la “situación irregular”- es precisamente el FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA para que sus niñas y niños no sean privados del derecho fundamental a CRECER EN FAMILIA.

La satisfacción de la demanda de una población deseosa de entablar relaciones de parentesco con niños en situación de vulnerabilidad de derechos no puede ser el objetivo fundamental de esta institución.

La Observación General N° 13 del Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/GC/13, ONU, 21/3/2011) sobre el art.19 de la Convención sobre los Derechos del Niño ha señalado que no puede calificarse como ABANDONO O NEGLIGENCIA respecto de los hijos,  la conducta de los padres que viven en la pobreza o carecen de medios. Por ello, los Estados deben cumplir con sus obligaciones conforme al art.18.2 de la Convención.

 

Por lo que podría afirmarse que HOY NO SE PUEDE PENSAR LA ADOPCIÓN FUERA DEL MARCO DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑA/OS, dado que: “Ni la pobreza, ni la disfuncionalidad familiar pueden considerarse por sí mismas razones para promover la adopción. Por ello, el Estado está obligado a generar un sistema riguroso que garantice que los casos de adopción aprobados obedezcan a la adoptabilidad, la subsidiaridad y el interés superior de la niña, niño o adolescente.” (OTI N° 2 IIN-OEA)

Resulta entonces  inaplazable el cumplimiento efectivo de las leyes que establecen en el Estado los SISTEMAS DE PROTECCIÖN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES (en la provincia de Buenos Aires Ley 13298 y en Nación Ley 26061), cuyo eje -a diferencia de los sistemas de protección tutelares fundados en la doctrina de la “situación irregular”- es precisamente el FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA para que sus niñas y niños no sean privados del derecho fundamental a CRECER EN FAMILIA.

Los 3 Poderes del Estado son sujetos obligados ante este derecho del niño, no solamente el Poder Judicial, pues: la falta de inversión (o su desvío) en políticas públicas y consecuente falta de programas en el caso concreto, las desinterpretaciones de la Convención de los Derechos del Niño alejadas de las elaboradas por los intérpretes autorizados (órganos de los tratados -Comités-, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la falta de presupuesto con enfoque de infancia para nuestra/os chica/os (no me refiero al uso clientelar de las partidas) esterilizan los objetivos de la nueva legislación de protección integral de derechos de niñas/os y adolescentes, tanto federal y como local.


Se creó  la Comisión de Estudio y Análisis del Régimen Legal de Adopciones, que tendrá a su cargo:

♦ el estudio y análisis de la problemática de la adopción y

♦ la formulación de anteproyectos normativos superadores.

 


Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2010

Boletín Oficial: 30/09/2010

VISTO el Expediente Nº 199.342/10 del registro de este Ministerio y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 24.779, promulgada el 26 de marzo de 1997, introdujo importantes modificaciones con relación al régimen de adopciones establecido originalmente en el Código Civil.

Que los trece (13) años de vigencia de dicho régimen han dado lugar a un prolífico desarrollo de doctrina y jurisprudencia sobre la materia, que dan cuenta de las dificultades que rodean el procedimiento de adopción en todo el territorio nacional.

Que, dentro del marco de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional con el objeto de agilizar los trámites de adopción, se sancionó la Ley Nº 25.854, reglamentada por el Decreto Nº 383 del 18 de abril de 2005, luego derogado por el Decreto Nº 1328/09, por la que se creó el Registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, en la órbita de este Ministerio, con la finalidad de centralizar la información de todos los registros de adopciones de las provincias que adhirieran a la referida Ley, tendiendo a la supresión de la registración de pretensos adoptantes en más de una jurisdicción; y ampliando de este modo las posibilidades de los niños en estado de adaptabilidad de conseguir un hogar.

Que en tal inteligencia, continuando con la idea de agilizar los trámites y remover obstáculos burocráticos, resulta oportuno generar un ámbito de estudio y reflexión que permita recabar los aportes de distintos sectores relacionados con la temática, desde los ámbitos técnico, académico y desde el ejercicio profesional sobre la legislación vigente en materia de adopciones y otros institutos vinculados y asimismo proyectar posibles reformas en el ordenamiento jurídico nacional.

Que a dichos efectos resulta conveniente realizar una amplia convocatoria de profesionales de distintas especialidades para crear una “Comisión de Estudio y Análisis del Régimen Legal de Adopciones”, que tendrá a su cargo el estudio y análisis de la problemática de la adopción y la formulación de anteproyectos normativos superadores.

Que, este Ministerio intervendrá como coordinador de las actividades de dicha comisión, a través de la Secretaría de Asuntos Registrales.

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas al suscripto por el Artículo 22, inciso 11 y concordantes de la Ley de Ministerios (t. o. 1992) y sus modificatorias.

Por ello,

El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos

Resuelve:

Artículo 1.- Créase la “Comisión de Estudio y Análisis del Régimen Legal de Adopciones”, en adelante “La Comisión”, la que tendrá a su cargo el estudio y análisis de la problemática de la adopción y a la formulación de anteproyectos normativos superadores.

Artículo 2.- “La Comisión” estará presidida por el suscripto y será coordinada por el Titular de la Secretaría de Asuntos Registrales.

Artículo 3.- Invítase a integrar “La Comisión”, a especialistas en la materia y a representantes de los siguientes organismos públicos e instituciones: 1) Secretaría de Seguridad Interior, Programa de Protección a las Víctimas de la Violencia, Dirección Nacional del Registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos y su Consejo Consultivo, todos dependientes de este Ministerio; 2) Defensoría de Menores e Incapaces de la Nación; 3) Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; 4) Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud; 5) Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia de la República Argentina (JUFEJUS); 6) Universidad Nacional de Buenos Aires y Universidad Nacional de la Plata.

Artículo 4.- Los integrantes de “La Comisión” actuarán con carácter ad honorem.

Artículo 5.- “La Comisión” deberá elevar un informe que refleje sus conclusiones, así como uno o más anteproyectos normativos destinados a sustituir, modificar, complementar y/o reglamentar el instituto de adopción regulado por el Código Civil, así como de los institutos relacionados con la materia. El plazo para la presentación de dicha documentación será de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la constitución formal de “La Comisión”.

Artículo 6.- Para el cumplimiento de su cometido “La Comisión” contará con el apoyo técnico y administrativo de los doctores Santiago Matías Avila (DNI N.- 24.421.094), Ariel Federico Gimenez (DNI N.- 27.092.552) y Octavio Perez Galimberti (DNI N.- 27.322.468) y la licenciada Germana Eberhard (DNI N.- 26.255.344), quienes actuarán en tal condición con carácter ad honorem.

Artículo 7.- “La Comisión” estará facultada para consultar y requerir opinión a especialistas en disciplinas afines o conexas al procedimiento de adopción, así como a instituciones educativas, profesionales y/u organismos no gubernamentales.

Artículo 8.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Registrales a extender la invitación para la integración de “La Comisión” a especialistas y a representantes de organismos públicos e instituciones no incluidos en la enumeración del Artículo 3.-, así como también a emitir los actos de implementación que resulten necesarios para el cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo 9.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Julio C. Alak.

 


Marco normativo para formular anteproyectos normativos superadores:

 

1) Convención Americana sobre Derechos Humanos: art. 19 y Opinión Consultiva N° 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002)

OTI N° 2 IIN-OEA OTI N° 2 del IIN sobre ADOPCIONES (Orientación Técnica Institucional del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes)

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (“IIN” o “el Instituto”): a. Es el Organismo Especializado de la Organización de los Estados Americanos, encargado de promover el estudio de los temas relativos a la niñez, adolescencia y familia en las Américas, y de generar instrumentos técnicos que ayuden a solucionar los problemas que los afectan; b. Disfruta de la más amplia autonomía técnica en la planificación y realización de sus objetivos, dentro de los límites que fijan la Carta de la Organización, las Normas para la Aplicación y Coordinación de las Disposiciones de la Carta sobre Organismos Especializados Interamericanos, el Acuerdo entre la Organización y el Instituto celebrado el 14 de noviembre de 1975, el presente Estatuto y las disposiciones generales o especiales que al respecto dicte la Asamblea General; c. El Instituto deberá tener en cuenta las recomendaciones de la Asamblea General y de los Consejos de la Organización, de conformidad con las disposiciones de la Carta de la OEA.

2) Convención sobre los Derechos del Niño (ONU) y Observaciones Generales y Observaciones Finales sobre Argentina del Comité de los Derechos del Niño (ONU): Artículo 2.- No discriminación. Artículo 3.- Interés superior del Niño y la Niña. Artículo 12.- Respeto a la opinión del niño o de la niña. Artículo 16.- Derecho a la privacidad. Artículo 20.- Protección de los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar. Artículo 21.- La Adopción basada en el interés superior del Niño.

3) Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional de 29 de mayo de 1993 elaborado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

4) Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores de 24 de mayo de 1984

5) Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/85, de 3 de diciembre de 1986

6) Las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de niños, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en su onceavo período de sesiones en junio de 2009 (A/HRC/11/L.13), fueron conocidas y aprobadas por la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de noviembre del 2009 (A/C.3/64/L.50). A estas Directrices remite precisamente el Comité de los Derechos del Niño (ONU) al Estado Argentino en las Observaciones Finales sobre Argentina de 2010.

II. PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES GENERALES A. El niño y la familia 3. Al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento, el bienestar y la protección de los niños, los esfuerzos deberían ir encaminados principalmente a lograr que el niño permanezca bajo la guarda de sus padres o, cuando proceda, bajo la de otros familiares cercanos, o que vuelva a ella. El Estado debería velar por que los guardadores tengan acceso a formas de apoyo familiar. […] 8. Como parte de los esfuerzos para impedir que los niños sean separados de sus padres, los Estados deberían velar por la adopción de medidas apropiadas y respetuosas de las particularidades culturales a fin de: a) Apoyar la atención prestada en entornos familiares cuya capacidad resulte limitada por factores como algún tipo de discapacidad, la drogodependencia y el alcoholismo, la discriminación contra familias indígenas o pertenecientes a una minoría, y la vida en regiones en las que se desarrolle un conflicto armado o que estén bajo ocupación extranjera; b) Prestar la atención y la protección apropiadas a los niños vulnerables, como los niños víctimas de abusos y explotación, los niños abandonados, los niños que viven en la calle, los niños nacidos fuera del matrimonio, los niños no acompañados y separados, los niños internamente desplazados y los refugiados, los niños de trabajadores migratorios, los niños de solicitantes de asilo y los niños que viven con el VIH/SIDA o afectados por este u otras enfermedades graves. 9. Debería ponerse especial empeño en la lucha contra la discriminación basada en cualquier condición del niño o de los padres, en particular la pobreza, el origen étnico, la religión, el sexo, la discapacidad mental o física, la infección por el VIH/SIDA u otras enfermedades graves, tanto físicas como mentales, el nacimiento fuera del matrimonio, el estigma socioeconómico y todas las demás condiciones y circunstancias que pueden dar lugar a la renuncia a la patria potestad, al abandono del niño y/o a la remoción de su guarda.

7) Ley nacional 26061: art. 33 (últi.párr.): “La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización.”

8) Ley bonaerense 13298: art.9: “La ausencia o carencia de recursos materiales del padre, madre, tutor o guardador, sea circunstancial, transitoria o permanente, no constituye causa para la exclusión del niño de su grupo familiar, o su institucionalización.”

ARTÍCULO 3: “La política respecto de todos los niños tendrá como objetivo principal su contención en el núcleo familiar, a través de la implementación de planes y programas de prevención, asistencia e inserción social.”  En el Decreto reglamentario 300/05 se explicita el concepto “Núcleo familiar”: “”Concepto de núcleo familiar: Además de los padres, se entenderá por núcleo familiar a la familia extensa y otros miembros de la comunidad que representen para el niño vínculos significativos en su desarrollo y protección.”

ARTÍCULO 34.- Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a todos los niños. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

ARTICULO 35.- Comprobada la amenaza o violación de derechos podrán adoptarse, entre otras, las siguientes medidas: a) Apoyo para que los niños permanezcan conviviendo con su grupo familiar. b) Solicitud de becas de estudio o para guardería y/o inclusión en programas de alfabetización o apoyo escolar. c) Asistencia integral a la embarazada. d) Inclusión del niño y la familia en programas de asistencia familiar. e) Cuidado del niño en el propio hogar, orientando y apoyando a los padres, representantes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y del niño a través de un programa. f) Tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico del niño o de alguno de sus padres, responsables o representantes. g) Asistencia económica. h) Con carácter excepcional y provisional la permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y/o de salud, con comunicación de lo resuelto, dentro de las veinticuatro (24) horas, al Asesor de Incapaces y al Juez de Familia competente. El Juez de Familia deberá resolver la legalidad de la medida.