Derechos de las mujeres

 
El Senado Nacional había considerado y aprobado el proyecto de aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer  en la sesión del 1/11/2006, por 32 votos a 12. La Cámara de Diputados lo consideró y sancionó, definiendo su transformación en ley, en la sesión del 15/ 11/2006. 
 
Con fecha 20 de marzo del 2007 Argentina depositó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el instrumento de ratificación de la Ley Nº 26.171, que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención CEDAW, publicado en el B.O. del 9/3/07, convirtiéndose en el Estado número 86 en ratificarlo. Al 15 de junio de 2007, 88 países han ratificado el Protocolo.
  
 
 
La  Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (denominada la CEDAW por sus siglas en inglés), aprobada por  Naciones Unidas el 18/12/1979, pertenece al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Dicha convención fue suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980, aprobada según la ley 23.179 (B.O. 3/6/1985) y se halla incluida en la nómina de los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional desde 1994, integrando el bloque de constitucionalidad federal.
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (el  CEDAW), previsto en los arts.17 a 22 de la CEDAW,  es el encargado de examinar los progresos realizados por los Estados Parte en la aplicación de la Convención, a través de los siguientes mecanismos o procedimientos: examen de los informes iniciales o periódicos presentados por los Estados parte, observaciones o comentarios finales a dichos informes y recomendaciones generales.
 
A partir de 1999 el Comité cuenta con dos mecanismos adicionales, incluidos en el Protocolo Facultativo de la Convención: el procedimiento de comunicación y el procedimiento de investigación.
 
El Protocolo, que entró en vigencia el 22/12/2000  -luego de la recepción del décimo instrumento nacional de ratificación- instauró la posibilidad para las mujeres víctimas de violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Convención, de plantear denuncias en forma individual  ante los órganos de protección internacional de derechos humanos frente a situaciones de discriminación que no puedan resolverse localmente, siempre que se hayan agotado previamente los recursos judiciales nacionales.  El Protocolo prevé también la posibilidad de investigar violaciones graves o sistemáticas en Estados parte que hayan aceptado esta competencia.
 
El Comité de la CEDAW es uno de los siete órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos, en el marco del sistema de Naciones Unidas para la promoción y protección de derechos humanos. Estos órganos supervisan la implementación de los tratados internacionales de derechos humanos. Los otros seis órganos, creados por los tratados para su monitoreo, son: el Comité de Derechos Humanos (HRC), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el Comité contra la Tortura (CAT), el Comité de los Derechos del Niño (CRC) y el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares (CMW).
 
Adviértase que solamente cuatro de estos comités (el CEDAW, el HRC, el CERD y el CAT) pueden, bajo ciertas condiciones, recibir reclamos de individuos, cuyos derechos reconocidos por los tratados han sido vulnerados localmente.
 
De ahí la significación de la ratificación argentina del Protocolo Adicional de la CEDAW para la efectiva vigencia de los derechos de las mujeres, pues si bien la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (la CEDAW.) ha sido considerada una verdadera Carta Magna de dichos derechos específicos, cuyo menoscabo compromete la responsabilidad internacional de los Estados Parte, también se ha observado que se trataría de un conjunto de derechos a los que se los podría calificar de “devaluados“, debido a la carencia de mecanismos de quejas individuales para denunciar su violación local  y exigir su reparación en las instancias previstas por el sistema universal de protección y promoción de los derechos humanos.