CCPR/C/GC/35 – 28/10/2014 

 La nueva Observación General No.35 sobre la libertad y la seguridad personales reemplaza la Observación General No.8, adoptada en 1982.

19. Los Estados partes deben revisar las leyes y prácticas anticuadas en el ámbito de la salud mental con el fin de evitar la reclusión arbitraria. El Comité pone de relieve el daño inherente de cualquier privación de libertad y también los daños concretos a que pueden dar lugar las situaciones de hospitalización involuntaria. Los Estados partes deben proporcionar servicios comunitarios o servicios sociales alternativos para las personas con discapacidad psicosocial a fin de ofrecer alternativas al confinamiento que sean menos restrictivas. La existencia de una discapacidad no justificará por sí sola la privación de libertad, sino que toda privación de libertad deberá ser necesaria y proporcional, con el propósito de impedir que el interesado se haga daño o cause lesiones a terceros. Deberá aplicarse solo como medida de último recurso y por el período de tiempo apropiado más breve posible; y deberá ir acompañada de garantías procesales y sustantivas adecuadas establecidas por ley. Los procedimientos deben asegurar el respeto de las opiniones de la persona, así como que todo representante verdaderamente represente y defienda la voluntad y los intereses de la persona. Los Estados partes deberán ofrecer a las personas internadas en instituciones programas de tratamiento y rehabilitación que sirvan a los fines aducidos para justificar la reclusión. La privación de libertad deberá reevaluarse con una periodicidad adecuada para determinar si es necesario mantenerla. Deberá prestarse asistencia a las personas para que accedan a recursos efectivos a fin de reivindicar sus derechos, incluida la revisión judicial inicial y periódica de la legalidad de la reclusión, y para impedir condiciones de reclusión que sean incom