Amparo

Modificación de la ley 13928. Derogación de la ley 7166.

 

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de LEY

 

ARTÍCULO 1º: Sustitúyense los artículos 4º, del Capítulo III; 5º, 6º, 7º, del Capítulo IV;

8º, del Capítulo V; 10 , 11, del Capítulo VI; 15, del Capítulo VII; 18 , 19, del Capítulo IX;

21, del Capítulo X; de la   Ley 13.928, los que quedarán redactados de la siguiente forma:

 

“ARTÍCULO 4º: Tienen legitimación para accionar por vía de amparo el Estado, y toda

persona física o jurídica que se encuentre afectada en sus derechos o intereses individuales

o de incidencia colectiva.

 

ARTÍCULO 5º: La acción de amparo tramitará según las reglas establecidas en la presente

ley. La misma deberá deducirse dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha

en que el o los afectados hayan tomado conocimiento del acto u omisión que consideran

violatorio del derecho o garantía conculcada.

Dicho plazo no será interrumpido por intimaciones particulares o presentaciones en sede administrativa.

En el supuesto de actos u omisiones lesivas periódicas, el plazo comenzará a computarse

respecto de cada uno de éstos.

 

ARTÍCULO 6º: La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá:

1) Nombre, apellido, razón o denominación social, domicilio real y constituido del accionante.

2) La justificación de la personería invocada conforme las leyes en vigor.

3) La individualización en lo posible, del autor del acto u omisión.

4) La relación circunstanciada de los hechos, actos u omisiones que hayan producido

o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía cuyo amparo se pretende.

5) Ofrecimiento de toda prueba de la que intente valerse, adjuntando la que obrare en su poder.

6) La petición, en términos claros y precisos.

Será admisible todo tipo de prueba que no se contraponga con los principios de celeridad y economía procesal.

 

ARTÍCULO 7°: En el caso de amparos de incidencia colectiva, la demanda tendrá que

contener, además de lo establecido en el artículo anterior, la referencia específica de sus efectos comunes.

Respecto de los procesos sobre intereses individuales homogéneos, la pretensión

deberá además de concentrarse en los efectos comunes, identificar un hecho único o

complejo que cause la lesión; el interés individual no debe justificar la promoción de

demandas individuales, y debe garantizarse una adecuada representación de todas las personas involucradas.

La representación adecuada del grupo resulta de la precisa identificación del mismo,

la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, la debida notificación y publicidad

del litigio y el planteo de cuestiones de hecho y de derecho comunes y homogéneas a todo el colectivo.

 

ARTÍCULO 8º: El Juez deberá expedirse acerca de la admisibilidad de la acción inmediatamente.

Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el Juez mediante acto fundado

la rechazará sin sustanciación alguna, ordenando el archivo de las actuaciones.

En el caso de declarar la admisibilidad de amparos de incidencia colectiva, por cumplirse

los extremos requeridos para la misma, el Juez deberá ordenar la inscripción de

dicha causa en el Registro especial creado en la presente ley, que informará en el plazo

de dos (2) días sobre la existencia de otras acciones que tengan un objeto similar o que

estén referidas al mismo derecho o interés colectivo o que alcancen en forma total o parcial

al mismo colectivo.

En caso de que del informe surgiere la existencia de otros juicios, la causa se remitirá al Juzgado que previno.

 

ARTÍCULO 10: Declarada la admisibilidad de la acción, el Juez deberá dar traslado

de la demanda, si la acción de amparo hubiese sido interpuesta contra un acto u omisión

de autoridad pública o persona privada que afecten derechos individuales. La contestación

de la demanda, deberá efectuarse dentro del plazo de cinco (5) días. El Juez está

facultado para adecuar dicho plazo conforme la naturaleza de la cuestión planteada.

 

ARTÍCULO 11: Conjuntamente con el traslado previsto en el artículo anterior, el Juez

de oficio o a pedido de parte podrá citar a audiencia simplificadora de prueba. La audiencia

deberá realizarse dentro del plazo de diez (10) días.

En dicha audiencia el Juez, quien la presidirá personalmente bajo pena de nulidad, deberá:

1) Invitar a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución del

conflicto. Si el actor no compareciera a la audiencia por sí o por apoderado se lo tendrá

por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones, con imposición de costas.

2) Resolver sobre el levantamiento, sustitución o modificación de las medidas cautelares ordenadas.

3) Proveer las pruebas que considere admisibles y pertinentes, las que deberán producirse dentro del término de cinco (5) días.

4) En caso de que no sea necesaria la producción de prueba, pasar los autos a sentencia.

 

ARTÍCULO 15: La sentencia firme que hace cosa juzgada respecto del amparo individual

o colectivo, deja subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan

corresponder a las partes, con independencia del amparo.

En los procesos colectivos, la sentencia alcanza a todo el grupo de afectados, y será

oponible al vencido en beneficio de quienes, a pesar de no haber intervenido en el juicio,

compartan la situación jurídica o de hecho con los que interpusieron la acción. En caso

de rechazo de la acción, cualquier legitimado que no haya intervenido en el proceso

podrá intentar la misma acción con idéntico objeto, si se valiera de nueva prueba y se

encontrare dentro del plazo establecido para interponer la acción.

 

ARTÍCULO 18: Todos los términos son de carácter perentorio. El traslado de la

demanda junto a la citación a la audiencia, la sentencia y el traslado del recurso de apelación

se notificarán por cédula o personalmente.

 

ARTÍCULO 19: Las costas del proceso se impondrán al vencido. El Juez, en los casos

de amparo colectivo, podrá además aplicar supletoriamente en materia de costas lo normado

en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación de demanda,

cesara el acto u omisión que motivó el amparo.

 

ARTÍCULO 21: Créase en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, el Registro

Público de Amparos de Incidencia Colectiva, en el que se registrarán los procesos de

dicha naturaleza, su objeto, radicación, partes intervinientes, medidas cautelares dispuestas,

y sentencias de todas sus instancias.

Este Registro será público y de consulta libre y gratuita. Su reglamentación y organización

estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia.”

 

ARTÍCULO 2º: Incorpóranse como artículo 17 bis en el Capítulo VIII, como Capítulo

XI, los artículos 22, 23, 24 y 25; y como Capítulo XII, el artículo 26, a la Ley 13.928, los siguientes:

 

“ARTÍCULO 17 bis: En las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones,

en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los

Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho

Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo

correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción.”

 

CAPÍTULO XI.

 

ARTÍCULO 22: En este proceso no podrán articularse cuestiones previas, demandas

reconvencionales ni incidentes. El Juez o Tribunal, a petición de parte o de oficio, subsanará

todos los vicios e irregularidades del procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza

sumarísima de esta vía, la vigencia del principio de contradicción. Durante la sustanciación

del procedimiento, el Juez o Tribunal interviniente, podrá ordenar allanamientos

y solicitar el auxilio de la fuerza pública. En este juicio no procede la recusación sin

causa, siendo deber inexorable del Juez excusarse “ex oficio” cuando se encontrare

legalmente impedido para conocer.

 

ARTÍCULO 23: En cualquier estado de la instancia el Juez o Tribunal podrá ordenar

a petición de parte o de oficio, medidas de no innovar, las que se cumplimentarán en

forma inmediata, sin perjuicio de su ulterior notificación. En caso de hacerse lugar, el Juez

o Tribunal podrá exigir la contracautela pertinente para responder de los daños que

dichas medidas ocasionaren. La solicitud deberá resolverse en el mismo día de su presentación.

Cuando la suspensión acordada por la medida de no innovar afecte al servicio público

o a la administración; podrá ser dejada sin efecto por el Juez o Tribunal, quien deberá

declarar a cargo de la autoridad demandada o personalmente de los que la desempeñen,

la responsabilidad de los perjuicios que se deriven de la ejecución.

 

ARTÍCULO 24: En los casos en que el órgano o agente de la administración pública

requerido demorase maliciosamente, de manera ostensible o encubierta, negare o en

alguna forma obstaculizare la sustanciación de la acción, el Juez o Tribunal ordenará

pasar las actuaciones a la justicia competente a los fines previstos en el Código Penal.

 

ARTÍCULO 25: Será de aplicación supletoria, en tanto no contraríe la operatividad de

esta garantía constitucional, lo establecido en el Código de Procedimiento Civil y

Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Los jueces están facultados para acelerar el

trámite, mediante formas más sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada.

 

CAPÍTULO XII.

 

ARTÍCULO 26: Derógase la Ley 7.166 (T. O. según Decreto 1067/95)”.

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos

Aires, en la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil diez.

 

Horacio Ramiro González Federico Carlos Scarabino

Presidente H. C. Diputados Vicepresidente 1º H. Senado en ejercicio de la Presidencia

Manuel Eduardo Isasi Máximo Augusto Rodríguez

Secretario Legislativo Secretario Legislativo H. Senado

H. C. Diputados

 

 

DECRETO 2.517

 

La Plata, 26 de noviembre de 2010.

Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Oficial y archívese.

Alberto Pérez Daniel Osvaldo Scioli

Ministro de Jefatura Gobernador

de Gabinete de Ministros

REGISTRADA bajo el número CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS (14.192).

Mariano Cervellini

Secretario Legal y Técnico

 

PUBLICADA en el BOLETIN OFICIAL del 16/12/2010