Derecho a la vida libre de violencia

Espacio de Reflexión “MUJER, VIOLENCIA Y MEDIOS”

Organizado por la Presidenta Provisional del Senado, Sra. Beatriz Rojkes de Alperovich

 

Lugar: Salón de las Provincias del H. Senado de la Nación – H. Irigoyen 1849. 1º Piso

Fecha: 20  de Marzo de 2012 – 17 hs.

PANELISTAS:

Mariana Carvajal. Periodista – “Fundación María de los Ángeles”

Dra. María Silvia Villaverde. Jueza de familia – Tribunal de Familia N° 3 de Lomas de Zamora

Dra. Claudia Sbadar. Vocal Corte Suprema de Tucumán – Oficina de la Mujer – Corte Suprema de Justicia de la Nación

Moderadora: Andrea Del Boca – Actriz

 

MATERIALES SOBRE TRATA:

 

TRATA DE PERSONAS EN LA ARGENTINA (María Silvia Villaverde)

POWERPOINT DE LA CONFERENCIA  SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS

Argentina ratificó, en 2002, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como el Convenio Nº 182 (1999) de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en 2001.

A/HRC/17/35/Add.4 Informe 2011 de la Misión a Argentina de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Misión a la Argentina) 24/5/2011

Entre el 6 y el 11 de septiembre de 2010, la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños (ONU), realizó una visita oficial a la Argentina por invitación del Gobierno, con el  propósito de conocer el marco legislativo e institucional argentino y las políticas en materia de lucha contra la trata de seres humanos, así como los problemas subsistentes.

En este informe, la Relatora Especial destaca los progresos logrados por el Gobierno, observa los problemas que el Gobierno debe resolver para combatir eficazmente la trata de personas y proteger los derechos humanos de las víctimas, y formula una serie de recomendaciones al Gobierno para que este las examine.

Entre los avances, se destaca la aprobación de la Ley de prevención y sanción de la trata de personas ( Ley Nº 26364 – 2008) o la creación de órganos especiales dependientes del poder ejecutivo nacional encargados de prestar asistencia a las víctimas de la trata e investigar este delito (Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, creado mediante el Decreto Nº 1281/2007, y la creación, en 2008, de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, establecida en el ámbito del Ministerio de Justicia).

Entre los problemas, se observaron: la falta de datos integrales sobre la tendencia de la trata de personas; la mala coordinación de las actividades de lucha contra la trata; la falta de mecanismos de detección y remisión de las víctimas; y la insuficiencia de los medios y servicios específicamente destinados a prestar asistencia directa a las víctimas.

CMW/C/ARG/CO/11 Observaciones Finales sobre Argentina del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (sobre el Informe Inicial elaborado por el Estado en el marco de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares) 2/11/2011

En el párr.31 de este Informe, el Comité observa con preocupación que el Estado parte es un país de destino de migrantes, en particular mujeres y niños, que son víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral. [Debemos tener presente que aunque todos los casos de trata tienen sus propias carácterísticas, en la mayoría se observan las mismas fases: se secuestra a la víctima o es contratada en el país de origen, es trasladada y después explotada en el país de destino, donde se la obliga a la servidumbre sexual o laboral u otras formas de explotación. A/HRC/7/3, párr.56)

El Comité reconoce los esfuerzos del Estado parte por combatir la trata de personas y brindar asistencia a las víctimas, en particular asistencia jurídica, médica, psicológica y social, así como refugio, por conducto de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y, una vez que las víctimas han prestado declaración en los procesos judiciales, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Sin embargo, preocupan al Comité:

a) Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena y la levedad de las penas impuestas a los responsables de haber cometido el delito de trata de personas;

b) La falta de coordinación entre las fuerzas del orden a nivel federal, provincial y municipal respecto de las medidas de lucha contra la trata;

c) La aceptación de sobornos por los policías y otros funcionarios públicos que intervienen en la aplicación de las medidas de lucha contra la trata, en particular en el ámbito provincial, y la colusión de estos con los tratantes;

d) La falta de recursos de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que opera principalmente en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y el número insuficiente de centros de acogida adecuados para las víctimas de la trata;

e) La limitada eficacia de los mecanismos de detección y derivación de las víctimas.

En el párr.32. el Comité le recuerda al Estado las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños (A/HRC/17/35/Add.4, párrs. 93 a 96), y le recomienda al Estado parte que:

a) Siga impartiendo capacitación a los jueces, fiscales, policías y guardias de fronteras sobre la migración y la trata, la detección, protección y asistencia de las víctimas, los métodos de investigación que tengan en cuenta a las víctimas, y la estricta aplicación de la Ley de lucha contra la trata (Nº 26364);

b) Refuerce la coordinación entre las autoridades federales, provinciales y municipales en la aplicación de las medidas contra la trata de personas;

c) Someta a la justicia a los agentes públicos que sean cómplices de delitos de trata y brinde capacitación en materia de lucha contra la corrupción a los policías, en especial a nivel provincial;

d) Asigne recursos suficientes a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, extienda sus servicios y centros de acogida a las provincias y preste apoyo a las organizaciones no gubernamentales que ofrecen rehabilitación y asistencia a las víctimas;

e) Brinde a las víctimas de la trata, incluidas las víctimas de países no pertenecientes al MERCOSUR, la oportunidad de regularizar su situación;

f) Apruebe listas de verificación y protocolos y capacite a los guardias fronterizos, los inspectores laborales y los agentes de migraciones y demás agentes del orden para garantizar la pronta detección de las víctimas de la trata y la remisión de las que necesitan protección al procedimiento de asilo;

g) Apruebe un plan nacional de acción contra la trata con indicadores y objetivos mensurables.

CEDAW/C/ARG/CO/6 Observaciones finales sobre Argentina del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (ONU-CEDAW) 16/8/2012

En este Informe Final sobre Argentina del CEDAW (ONU) , el Comité reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar el delito de la trata de seres humanos y evitar que las víctimas de la trata vuelvan a convertirse en víctimas, en particular la ratificación en noviembre de 2002 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los dos Protocolos de Palermo, en virtud de la Ley 25.632, y la aprobación en abril de 2008 de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas (Ley 26.364 de 2008), por la que se modifican el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación y se prohíbe y sanciona la trata de personas en todas sus formas. El Comité observa que dicha Ley se aplicará en el marco del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas. 

Sin embargo, en el párr. 29 sobre Trata y explotación de la prostitución, a la vez que encomia al Estado por haber empezado a reservar un lugar destacado a la cuestión de la trata de seres humanos en el temario nacional, señala su preocupación por el carácter transnacional del delito de trata y explotación de la prostitución, como por ejemplo la existencia de una red transfronteriza de agentes que captan mujeres para someterlas a trata, así como la reintegración de las víctimas en sus países de origen. Además, observa que es necesario colaborar con las estructuras conexas de ámbito provincial y municipal, especialmente en el norte de la Argentina y en las zonas del noreste, donde más abundan los grupos en situación de riesgo.

En el párr.30, el Comité insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos en materia de actividades de lucha contra la trata a fin de abordar por completo y exhaustivamente los complejos aspectos de un delito de naturaleza internacional. El Comité también insta al Estado parte a complementar la Ley 26.364, de abril de 2008, garantizando la protección adecuada de todas las mujeres, con independencia de su edad, así como de las personas que hayan sido víctimas de la trata y que teman ser objeto de persecución si regresan a su país de origen, de conformidad con las normas internacionales.

Respecto de la mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, en el párr. 45, el Comité observa con preocupación que, pese a la promulgación de la ley relativa a los refugiados (Ley núm. 26.165), el establecimiento de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y la participación del Estado parte en el programa regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Estado parte no haya aprobado aún todas las disposiciones internas necesarias para facilitar la aplicación efectiva de la ley y paliar algunas deficiencias en materia de protección, en especial las relativas a los solicitantes de asilo en situaciones vulnerables, incluidas las mujeres, las niñas y los menores no acompañados.

En el párr.46, el Comité insta al Estado parte a que facilite la aplicación plena y efectiva de la ley relativa a los refugiados (Ley núm. 26.165), sobre todo con respecto a la protección de las solicitantes de asilo y las refugiadas, así como de los niños no acompañados, en particular mediante la adopción de todas las disposiciones internas necesarias. El Comité alienta además al Estado parte a que siga impartiendo capacitación a los funcionarios de fronteras, inmigración y asilo a fin de asegurar la adopción de una perspectiva de género, la aplicación efectiva de un sistema de identificación adecuado y la adopción de medidas que tengan en cuenta las cuestiones de género en el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, incluso con respecto a las solicitudes de asilo motivadas por violencia de género. El Comité insta también al Estado parte a que complemente la Ley núm. 26.364, de abril de 2008, garantizando una protección adecuada y acorde con el derecho internacional a todas las mujeres, con independencia de su edad, así como a las personas que hayan sido víctimas de la trata y que teman ser objeto de persecución si regresan a su país de origen. Además, el Estado parte debe tomar medidas para velar por que las mujeres y las niñas refugiadas o solicitantes de asilo no se conviertan en víctimas de la trata de seres humanos ni del tráfico de migrantes, y crear un mecanismo que sirva para identificar rápidamente a las víctimas de la trata y remitir a las personas que pudieran necesitar protección a los procedimientos de asilo

A/HRC/7/3 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, centrado en la protección de las mujeres contra la tortura, desde una perspectiva género sensitiva.

En el párr.26 del Informe, el Realtor Especial señala que:  “Si bien es cierto que diversos instrumentos internacionales disponen explícita e implícitamente toda una serie de obligaciones respecto de la violencia contra la mujer o la violación, calificar un acto de ‘tortura’ supone un considerable estigma adicional para el Estado y refuerza las repercusiones jurídicas que abarcan la obligación firme de penalizar los actos de tortura, enjuiciar a los autores y disponer reparación de las víctimas”.

En los párrs.56 a 58 se ocupa especialmente de la trata de personas. En el párr.57 observa que en muchos casos no se reconoce como víctimas a las mujeres, objeto de trata, a menudo debido a la existencia de ‘contratos’ entre ellas y sus ‘empleadores’, y  subraya que “el consentimiento inicial carece de significado, una vez que se da el elemento de ‘impotencia’.

E/2002/68/Add.1 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas: Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo Económico y Social. 20/5/2002

 

 

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MARCO NORMATIVO:

1957 Argentina ratificó el Convenio para la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena (ONU 1949)

2002 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de fecha 15 de noviembre de 2000 y el Protocolo Complementario para PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños: Argentina aprueba la Convención y el Procolo mediante la Ley Nº 25.632 del 1/8/2002, promulgada el 29/8/2002 y publicada en el B.O. del 30/8/2002

Convención sobre los Derechos del Niño

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, aprobado por Ley Nº 25.763

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE TRAFICO INTERNACIONAL DE MENORES 1994

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

Convención de Belém do Pará (OEA)  La trata  ha sido reconocida por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (también llamada Convención de Belém do Pará) como una de las formas de violencia contra la mujer (art.2)

CEDAW art.6  – Recomendaciónn General 19

2009 Leyes 26 485 (art.5)

2007 Ley Nº 26.202 13/12/2006 RATIFICADA 23/2/2007. Aprueba la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares

2007 Decreto 1281/2007 Creación del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus VÍCTIMAS

2008 LEY 26.364 PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS (2008) arts.145 bis y ter CODIGO PENAL

2008 Res.2149 6/8/2008 Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas pro el delito de trata (Ministerio de Justicia y DDHH)

2011 DECRETO NACIONAL 936/2011 PROMOCION DE LA ERRADICACION DE LA DIFUSION DE MENSAJES E IMAGENES QUE ESTIMULEN O FOMENTEN LA EXPLOTACION SEXUAL. Creación de la OFICINA DE MONITOREO DE PUBLICACION DE AVISOS DE OFERTA DE COMERCIO SEXUAL (Ministerio de Justicia y DDHH)

 

 

 

Sobre la trata

 

CEDAW

Observaciones Finales sobre Argentina 2010

 

7. El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno para

afrontar el delito de la trata de seres humanos y evitar que las víctimas de la trata

vuelvan a convertirse en víctimas, en particular la ratificación en noviembre de 2002

de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional y los dos Protocolos de Palermo, en virtud de la Ley 25.632, y la

aprobación en abril de 2008 de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de

Personas (Ley 26.364 de 2008), por la que se modifican el Código Penal y el Código

Procesal Penal de la Nación y se prohíbe y sanciona la trata de personas en todas sus

formas. El Comité observa que dicha Ley se aplicará en el marco del Programa

Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus

Víctimas.

Trata y explotación de la prostitución

29. Si bien encomia al Estado parte por haber empezado a reservar un lugar

destacado a la cuestión de la trata de seres humanos en el temario nacional,

preocupa al Comité el carácter transnacional del delito de trata y explotación de la

prostitución, como por ejemplo la existencia de una red transfronteriza de agentes

que captan mujeres para someterlas a trata, así como la reintegración de las víctimas

en sus países de origen. Además, observa que es necesario colaborar con las

estructuras conexas de ámbito provincial y municipal, especialmente en el norte de

la Argentina y en las zonas del noreste, donde más abundan los grupos en situación

de riesgo.

30. El Comité insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos en materia de

actividades de lucha contra la trata a fin de abordar por completo y

exhaustivamente los complejos aspectos de un delito de naturaleza

internacional. El Comité también insta al Estado parte a complementar la Ley

26.364, de abril de 2008, garantizando la protección adecuada de todas las

mujeres, con independencia de su edad, así como de las personas que hayan

sido víctimas de la trata y que teman ser objeto de persecución si regresan a su

país de origen, de conformidad con las normas internacionales.

 

Mujeres refugiadas y solicitantes de asilo

45. El Comité observa con preocupación que, pese a la promulgación de la ley

relativa a los refugiados (Ley núm. 26.165), el establecimiento de la Comisión

Nacional para los Refugiados (CONARE) y la participación del Estado parte en el

programa regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Refugiados, el Estado parte no haya aprobado aún todas las disposiciones

internas necesarias para facilitar la aplicación efectiva de la ley y paliar algunas

deficiencias en materia de protección, en especial las relativas a los solicitantes de

asilo en situaciones vulnerables, incluidas las mujeres, las niñas y los menores no

acompañados.

46. El Comité insta al Estado parte a que facilite la aplicación plena y efectiva

de la ley relativa a los refugiados (Ley núm. 26.165), sobre todo con respecto a

la protección de las solicitantes de asilo y las refugiadas, así como de los niños

no acompañados, en particular mediante la adopción de todas las disposiciones

internas necesarias. El Comité alienta además al Estado parte a que siga

impartiendo capacitación a los funcionarios de fronteras, inmigración y asilo a

fin de asegurar la adopción de una perspectiva de género, la aplicación efectiva

de un sistema de identificación adecuado y la adopción de medidas que tengan

en cuenta las cuestiones de género en el procedimiento para la determinación

de la condición de refugiado, incluso con respecto a las solicitudes de asilo

motivadas por violencia de género. El Comité insta también al Estado parte a

que complemente la Ley núm. 26.364, de abril de 2008, garantizando una

protección adecuada y acorde con el derecho internacional a todas las mujeres,

con independencia de su edad, así como a las personas que hayan sido víctimas

de la trata y que teman ser objeto de persecución si regresan a su país de

origen. Además, el Estado parte debe tomar medidas para velar por que las

mujeres y las niñas refugiadas o solicitantes de asilo no se conviertan en

víctimas de la trata de seres humanos ni del tráfico de migrantes, y crear un

mecanismo que sirva para identificar rápidamente a las víctimas de la trata y

remitir a las personas que pudieran necesitar protección a los procedimientos

de asilo