Discriminación

 

Fallo del Juez Luis Federico Arias (Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata) en los autos  “Y., E. A. C/CAJA PREV. Y SEGURO MEDICO DE LA PROV. DE BS. AS. S/AMPARO” – 9/3/2005

 Fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata en los autos  “Y., E. A. C/ CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURO MEDICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO“ – 18/7/2006 – (Disidencia: Dra. Claudia A.M. Milanta)

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Y., E.A.c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires” – 28/7/2009

 



Solicitud de pensión por fallecimiento del conviviente del mismo sexo:  Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Y., E.A. c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires” – 28/7/2009

 


En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había declarado mal concedido el recurso de inconstitucionalidad local por considerar que no había caso constitucional, ya que no se había controvertido ni decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local, resultando además “los agravios del apelante ajenos al carril promovido y propios del de la inaplicabilidad de la ley”.
Contra esa decisión, el actor interpuso recurso extraordinario federal, cuya denegatoria motivó la queja. Haciendo suyos los términos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, ordenando que volvieran los autos al tribunal de origen (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires) para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento.

Antecedentes:

Cabe precisar que, cuando el actor interpone la acción de amparo ante el juez contencioso administrativo provincial , peticionando que se dejaran sin efecto las resoluciones denegatorias de pensión de la Caja de Previsión y Seguro Médico bonaerense -fundadas en la identidad de sexos entre solicitante y causante, y principios que emanan del artículo 55, párrafo 3º de la ley local 12.207- invocó la lesión manifiesta de un conjunto de principios y derechos fundamentales garantizados por la Constitución de la provincia y por la Carta Fundamental (derecho a la igualdad de trato y protección contra cualquier forma de discriminación) y además fundó su acción, entre otras normas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos , el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 
El fallo de primera instancia del juez Arias, en el que se había hecho lugar a lo peticionado, fue revocado por la Alzada platense el 18/7/2006 (con disidencia de la Dra.Milanta): por entender que había transcurrido el plazo del art. 6º ley 7.166 para interponer la acción de amparo (30 días a partir de la toma de conocimiento del acto u omisión que considera violatorio del derecho o garantías constitucionales), que “prima facie”, no surgía probada con nitidez la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto cuestionado, y que la cuestión revestía diversas aristas doctrinarias y polémicas que tornan el objeto del litigio de una complejidad que excede “el marco limitado de una acción de amparo”.

Dictamen de la Procuración General de la Nación
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Agravios del recurrente:

-Plazo de caducidad de la acción de amparo: Incompatibilidad entre la ley de amparo provincial 7.166 y la Constitución bonaerense
Cabe tener en cuenta que, en este caso, el recurrente se agravia de la falta de respuesta judicial a lo que venía planteando – desde la interposición de la demanda en primera instancia hasta la Suprema Corte- respecto de la incompatibilidad del artículo 6º de la ley 7.166 -norma en base a la cual se declaró caduca la acción de amparo – con el artículo 20.2 de la Constitución provincial, sin que se le diera respuesta.


-Discriminación y derecho a la igualdad de trato

Respecto del derecho a la igualdad de trato y protección contra cualquier forma de discriminación, manifiesta el recurrente que la sentencia de la Cámara decidió sobre el planteo de incompatibilidad entre la ley 12.207 y el artículo 11 de la Constitución, afirmando que no se advertía arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el acto de la Caja cuestionado. Agrega que sobre esta cuestión, en el recurso extraordinario local planteó, en forma expresa, que la Cámara, a pesar de concluir que para una correcta solución del litigio se necesitaba un mayor debate de la cuestión y cotejo con varias medidas complementarias, no indicó cuales eran o en que consistían.


-Exceso ritual manifiesto. Temas constitucionales local y cuestiones federal

Sostiene ante la Corte Federal que, a pesar de que sus planteamientos ante la justicia local versaban sobre temas constitucionales locales y cuestiones federales (alcance del derecho, igualdad ante la ley y prohibición de trato discriminatorio, entre otras), “el juzgador prefirió dar primacía al nomen iuris del remedio procesal interpuesto, renunciando a la verdad objetiva”.

Requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario federal:

-Principio:
Destaca la Procuradora Fiscal en su Dictamen, que la admisibilidad de los recursos no es revisable en la instancia extraordinaria, ya que por su índole no exceden el marco de las facultades propias de los jueces de la causa, máxime cuando se trata de pronunciamientos de superiores tribunales de provincia, pues en estos casos la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación particularmente restringida.

-Excepción al principio: Exceso rigor formal y garantía del debido proceso

Señala el Dictamen que la Corte Federal reconoce como excepción al principio aquellos casos en que las resoluciones implican un exceso de rigor formal que lesiona derechos constitucionales invocados por el recurrente, y conducen a una restricción sustancial de la vía utilizada, sin fundamentación idónea o suficiente, lo que se traduce en una violación a la garantía del debido proceso consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.

-Sentencia equiparable a definitiva:

Asimismo, respecto de la exigencia de “sentencia definitiva” para que sea formalmente admisible el recurso extraordinario federal, la Procuradora Fiscal puntualiza que la Corte federal tiene dicho que cabe dar por cumplido dicho recaudo cuando se trate de una resolución que, sin ser de esta naturaleza, origine un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.

-Particulares circunstancias del caso:

En este punto adviértase la relevancia otorgada en el Dictamen a las “particulares circunstancias de la causa” (tiempo transcurrido, delicada situación de salud alegada por el apelante y la índole de los derechos en juego).
Obsérvese que se consideró que en el caso existía la posibilidad cierta de que se configurase un agravio de difícil reparación ulterior -extremo que habilita, también, la vía extraordinaria intentada-, atendiendo precisamente a esas circunstancias “y sin perjuicio que los jueces de la segunda instancia local consideraron viable el inicio de una acción ordinaria posterior”.

Sentencia arbitraria: Preponderancia de la cuestión formal en desmedro del estudio de los agravios conducentes que ponían en tela de juicio temas de derechos fundamentales

-Fundamentación de sentencias:

En el caso, la Corte Federal –al compartir y hacer suyos los términos y conclusiones del Dictamen de la Procuradora Fiscal- estimó que le asistía razón al recurrente, debido a  la preponderancia otorgada por el sentenciador local a una cuestión formal, como ser el nomen iuris de la vía utilizada, en desmedro del estudio de los agravios conducentes que ponían en tela de juicio temas de derechos fundamentales, sin dar otro basamento para ello.
Recuérdese que la Corte provincial desestimó el recurso de inconstitucionalidad local, porque consideró que la vía utilizada (recurso de inconstitucionalidad local) no era la adecuada, siendo que los agravios debieron encuadrarse en el marco del recurso de inaplicabilidad de la ley.

-El rito cede ante el derecho previsional y la protección contra el trato discriminatorio

Además, no ha de soslayarse que nos hallamos en el ámbito del derecho previsional, en un caso en el que además se plantearon cuestiones “en orden a la aplicación e inteligencia de Tratados Internacionales en materia de discriminación”.

-Supremacía de la Constitución Nacional

Finalmente, el Dictamen subrayó que al considerarse indispensable la intervención del superior tribunal local en los casos aptos para ser conocidos por la Corte Federal según el art. 14 de la ley 48, “la legislatura local y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden vedar con fundamentos formales el acceso a aquél órgano, en tales supuestos”. (art.31 Constitución Nacional)

Cuestión de fondo
En relación con el fondo de la cuestión, si bien la Procuradora remitió –a todo evento- a las consideraciones realizadas en el dictamen del Procurador General de la Nación en los autos S.C.M.Nº 2230, L.XL; caratulado: “M. J. J. c/ A.N.Se.S.y otros” (28/7/2007), la Corte Suprema de Justicia de la Nación -al hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia recurrida- ordenó que volvieran los autos al tribunal de origen (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires) para que se dictara, por quien corresponda, un nuevo pronunciamiento.