Acceso a la justicia en violencia de género: PROTOCOLO sobre articulación entre los operadores judiciales

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN para articular la intervención de los distintos operadores judiciales, en situaciones de violencia de género: Acuerdo 3964 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 11/12/2019. Acceso a la justicia de las víctimas referidas especialmente vulnerables en contexto de violencia familiar, desde un marco conceptual de derechos humanos y que garantice el pleno goce del derecho a la tutela judicial efectiva con equidad y perspectiva de género

En este sentido, señala Víctor Abramovich, que “…el esquema de obligaciones de la Convención de Belém do Pará y en especial el deber de debida diligencia, sólo puede entenderse a partir de la relación que se establece en ese instrumento entre violencia y desigualdad. Las relaciones desiguales de poder son claves para entender la dinámica de la violencia de género y de allí la imposición al Estado de un deber de prevención y protección diferenciado o reforzado” (“Responsabilidad estatal por violencia de género: comentario sobre el caso ‘Campo Algodonero’, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, www.anuariocdh.uchile.cl).
En concordancia, ha dicho la Corte Interamericana que: “…los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niños pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en caso de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará” (caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, 2009, párr. 258).

De ahí que el genérico deber de seguridad en la especie se potencie, en razón del contexto de violencia doméstica a manos de la pareja de la señora García y a la que sus hijos también estaban expuestos, basados en bienes jurídicos afectados por la omisión ‑la vida, la integridad física o psicológica o la salud-, resultando previsible el daño, es que hubiera sido necesaria la procedencia de medidas apropiadas de protección para prevenir y combatir toda forma de violencia (v. Observación General n° 13, Comité sobre los Derechos del Niño, puntos 37 y 39).[…]

Evidentemente, las circunstancias del caso, tal como han sido reseñadas, requerían de un abordaje que ampliara el contexto y tuviera en cuenta los condicionamientos de género y las obligaciones especiales de protección a los niños (Observación General n° 13, Comité sobre los Derechos del Niño punto 5) para evaluar la gravedad del riesgo a la luz del referido principio de debida diligencia, en pos de garantizar a la mujer el derecho a vivir libre de violencia y a los niños el derecho a no ser objeto de ninguna forma de violencia y que también estos últimos estuvieran alcanzados por el principio del interés superior (v. puntos 9 de la Comunicación n° 47/2012, CEDAW; 32 de la Observación General n°13, Comité de los Derechos del Niño; art. 2 “d”, CEDAW).
En definitiva, la actuación estatal fue deficiente en función de la obligación específica de actuar que las circunstancias imponían. (voto del Juez Dr.de Lazzari)