Derecho a una vivienda adecuada

Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida

 

Observación General Nro.4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU)

PRINCIPIOS BÁSICOS Y DIRECTRICES SOBRE LOS DESALOJOS Y EL DESPLAZAMIENTO GENERADOS POR EL DESARROLLO (A/HRC/4/18 – 11/6/2007)

Anexo I del Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (pág.14 del Informe)

1. La obligación de los Estados de abstenerse de los desalojos forzosos y de proteger contra los desalojos de los hogares y de la tierra se deriva de varios instrumentos jurídicos internacionales que protegen el derecho humano a una vivienda adecuada y otros derechos humanos conexos.

Entre éstos figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (párr. 1, art. 11), la Convención sobre los Derechos del Niño (párr. 3, art. 27), las disposiciones sobre la no discriminación que figuran en el párrafo 2 h) del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el artículo 5 e) de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial.


2. Además, y de acuerdo con el criterio de la indivisibilidad de los derechos humanos, en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se dice “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”, y se añade que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. En el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño figura una disposición análoga. Entre otras referencias en el derecho internacional figuran el artículo 21 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951; el artículo 16 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales independientes (1989); y el artículo 49 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 (Cuarto Convenio de Ginebra).


3. Estas directrices abordan las repercusiones para los derechos humanos de los desalojos y los desplazamientos conexos vinculados al desarrollo en las zonas urbanas y/o rurales. Representan el desarrollo de las Directrices completas para los derechos humanos en relación con los desplazamientos basados en el desarrollo (E/CN.4/Sub.2/1997/7, anexo). Están basadas en el derecho internacional relativo a los derechos humanos y corresponden a la Observación general Nº 4 (1991) y a la Observación general Nº 7 (1997) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Principios Rectores de los desplazamientos internos (E/CN.4/1998/53/Add.2), los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea General en su resolución 60/147, y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas (véase E/CN.4/Sub.2/2005/17 y Add.1).

4. Teniendo en cuenta todas las definiciones pertinentes de la práctica de “desalojos forzosos” en el contexto de las normas internacionales de derechos humanos, las presentes directrices se aplican a acciones y/u omisiones relacionadas con desplazamientos coaccionados o involuntarios de personas, grupos y comunidades de sus hogares y/o tierras y lo recursos comunes de propiedad que estaban ocupados o de los que éstos dependían, eliminando o limitando con ello la capacidad de una persona, un grupo o una comunidad de residir o trabajar en una vivienda, residencia o lugar particulares, sin que se haya ofrecido o no se tenga acceso a formas apropiadas de protección jurídica o de otro tipo.


5. Los desalojos forzosos constituyen un fenómeno diferenciado en virtud del derecho internacional y con frecuencia están vinculados a la falta de una tenencia jurídicamente segura, lo cual constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada.

 

VIVIENDA Y FINANCIACIÓN (Marco de derechos humanos relativo a la financiación de la vivienda): A/67/286 – 10/8/2011  Informe de la Relatora Especial sobre vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a no discriminación a este respecto (ONU)

En este Informe se analiza el paradigma imperante de las políticas de vivienda, que se centra en la financiación como principal medio de fomentar la propiedad de las viviendas. El informe evalúa la repercusión que estas políticas de financiación tienen en el derecho a una vivienda adecuada de las personas que viven en la pobreza. La conclusión de la Relatora Especial es que la plena realización del derecho a una vivienda adecuada, sin discriminación, no puede promoverse exclusivamente con mecanismos financieros, sino que requiere políticas e intervenciones del Estado en materia de viviendas más amplias y holísticas. La Relatora pide que se abandone el paradigma de las políticas centradas en la financialización de las viviendas para adoptar un enfoque de dichas políticas basado en los derechos humanos. 


VIVIENDA Y GÉNERO: A/HRC/19/53 – 26/12/2011 Informe de la Relatora Especial sobre vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a no discriminación a este respecto (ONU):

Este informe gira en torno a la cuestión de las mujeres y su derecho a una vivienda adecuada. Presenta un análisis del derecho a la vivienda adecuada, que tiene en cuenta las cuestiones de género, y concluye con recomendaciones concretas  a  los Estados y los organismos de Naciones Unidas y los mecanismos de derechos humanos para mejorar el disfrute  de este derecho por parte de las mujeres de todo el mundo.

INFORME SOBRE LA MISIÓN DE LA RELATORA ESPECIAL  A ARGENTINA: A/HRC/19/53/Add.1 -21/12/2011

El objetivo de la visita era examinar el estado actual de la realización del derecho a la vivienda adecuada en el país. La Relatora Especial acoge favorablemente la reactivación de las políticas nacionales de vivienda desde 2003 y el compromiso del Gobierno nacional de considerar la vivienda como responsabilidad del Estado, y por lo tanto objeto de una importante inversión presupuestaria. A pesar de estos desarrollos positivos, varios factores dificultan actualmente la realización del derecho a la vivienda adecuada en Argentina, en particular:

la falta de regulación sobre el mercado de tierras y suelo, la falta de coordinación federativa en la formulación e implementación de las políticas de vivienda, un marco normativo en materia de desalojos que no garantiza el debido proceso legal y la falta de políticas integrales de hábitat suficientemente diversificadas para brindar soluciones a largo plazo para las distintas necesidades habitacionales.

En este sentido, la Relatora Especial formula una serie de recomendaciones relacionadas con cinco temas prioritarios: las debilidades de las políticas de vivienda y suelo actuales, los asentamientos informales, los desalojos y las situaciones específicas de los pueblos indígenas y de la población migrante.

La Relatora Especial considera que teniendo en cuenta los avances normativos y de inversión en vivienda, así como el crecimiento económico de los últimos años, Argentina se encuentra en plena condición de movilizar e implementar un pacto socioterritorial para la implementación del derecho a la vivienda adecuada para todos los habitantes.

En el párrafo 25,  la Relatora Especial “nota la importante labor realizada en defensa del derecho a la vivienda adecuada por órganos independientes, en particular por el Ministerio Público de la Defensa. El Defensor General de la Nación ha sido mandatado no sólo a la representación de los justiciables en casos específicos, sino a realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos y a promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados. En este marco, la Defensoría General de la Nación ha estado muy activa en cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda, como lo testimonian la adopción de la resolución DGN N.° 1119/08 para garantizar la protección de menores afectados por desalojos o la distintas actividades realizadas para promover la capacitación y concientización de los magistrados y funcionarios del ministerio público de la defensa para mejorar la gestión de casos y defensa en casos relacionados con el derecho a la vivienda.”

Asimismo, la Relatora Especial recomienda:

68. La Relatora Especial exhorta el Estado a garantizar el derecho a una defensa efectiva en los procesos de desalojos y recomienda a los jueces que reconozcan como parte a las personas amenazadas de desalojo. En este marco, la Relatora Especial exhorta que se garantice asistencia jurídica gratuita para las personas que no pueden soportar los gastos de un abogado y que se fortalezcan las instituciones competentes en la materia, en particular el Ministerio Publico de la Defensa, y se les provean con los recursos necesarios para poder atender las demandas de grupos vulnerables. La Relatora Especial exhorta también a que se aplique integralmente la Resolución 1190/08 de la Defensoría General de la Nación, para que los defensores públicos de menores e incapaces intervengan en todos los procesos de desalojos que afectan a los menores.

69. La Relatora Especial exhorta a la adecuación de la legislación nacional con los estándares internacionales en materia de desalojo, y en este contexto recomienda en particular la derogación de los artículos 680 bis y 684 bis del CPCCN, del artículo 238 del CPPN, y del Título V de la Ley 24441 así como la reforma del artículo 181 del Código Penal para evitar que sea utilizado para criminalizar a las personas sin hogar. La Relatora Especial exhorta a los jueces y fiscales a basar sus decisiones en materia de desalojo en los estándares internacionales en la materia y en este sentido recomienda la adopción de un protocolo de actuación para jueces y fiscales que incorpore los estándares internacionales en la materia.

70. La Relatora Especial recomienda la adopción e implementación de una política social integral para darle una respuesta habitacional definitiva a las personas que se quedan sin vivienda debido a un desalojo. Finalmente, la Relatora Especial exhorta a las autoridades estatales competentes a estar presentes durante los desalojos y recomienda la adopción de un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en estos casos. 

 

Fallo de la CSJN “ESCOBAR SILVINA Y OTROS /s INF. ART. 181, INC. 1° C.P.” E. 213. XLVI. RECURSO DE HECHO . Escobar, Silvina otros 51 inf. arto 181, inc. l° C.P. – 1/8/2013 

Dictamen de la Procuración en el fallo que antecede

La Corte, remitiéndose al dictamen de la Procuración, desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que resolvió que la Asesora Tutelar carecía de legitimación. Asimismo, en atención a lo establecido en el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone que los jueces de la causa pongan en conocimiento de las autoridades competentes la situación de los niñas/os y/o adolescentes que pudieren verse afectados en autos, a los fines del pertinente resguardo de sus derechos de rango constitucional. El juez Petracchi -por su voto- comparte el dictamen del señor Procurador Fiscal y desestima la queja. El juez Maqueda -por su voto- hace lugar a la queja, declara admisible el recurso extraordinario y confirma la sentencia; considera que hay cuestión federal (art. 14, inc. 3º de la ley 48) ya que la sentencia impugnada resulta equiparable a una sentencia definitiva en tanto origina un agravio que no es susceptible de reparación ulterior al negarle legitimación a la Asesora. Respecto a la medida cautelar dictada, entiende que la situación en que se encuentran los niños o adolescentes que actualmente residen en este lugar no importa de por sí su intervención en el proceso en calidad de parte, ya que no son titulares de una relación jurídica real con el bien ni personal con el propietario que pudiera justificar una pretensión autónoma de oponerse al desalojo y tampoco son sujetos de la relación jurídica que representa la imputación del delito, sin perjuicio de resaltar que debe garantizase la intervención de dicha funcionaria .El recurrente invocó arbitrariedad en la sentencia apelada.

Sumarios:

LEGITIMACION PROCESAL, ASESOR DE MENORES, DERECHO A VIVIENDA DIGNA, MENORES, USURPACION, DESALOJO

El interés sustancial y directo que alega el asesor tutelar en términos de derecho a la vivienda adecuada no tiene nexo lógico con el reclamo que procura satisfacer -evitar el desalojo- si la cuestión debatida viene delimitada por la regla que faculta al juez a disponer -como medida provisional- el reintegro inmediato de la posesión del inmueble al damnificado por una usurpación, cuando el derecho invocado fuere verosímil (art. 335 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires) y ninguno de esos extremos atañe a relaciones jurídicas de titularidad de los menores. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.

RELACION DIRECTA, ASESOR DE MENORES, GARANTIAS CONSTITUCIONALES, MENORES, USURPACION

La invocación de preceptos constitucionales con motivo de situaciones regidas por normas de inequívoca naturaleza no federal -como lo son las normas de procedimiento local- no basta para demostrar la relación directa e inmediata con el objeto debatido en la causa y menos aún si la queja pretende reeditar en la instancia extraordinaria planteos ya resueltos por los jueces de la causa con suficientes fundamentos de derecho común, lo que ocurre cuando se invocacan normas constitucionales que consagran a favor del niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte si el proceso por el delito de usurpación no afecta de manera directa e inmediata intereses de los niños. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.

NIÑOS,  DERECHO A VIVIENDA DIGNA, DESALOJO, USURPACION

Teniendo en cuenta que si existiera alguna afectación al derecho a la vivienda de los niños, ésta sería anterior al desalojo que se pretende resistir y no consecuencia de él, y lo establecido en el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño con relación al nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de aquél, corresponde disponer que los jueces de la causa iniciada por el delito de usurpación pongan en conocimiento de las autoridades competentes la situación de las niñas/os y/o adolescentes que pudieran verse afectados en autos, a los fines del pertinente resguardo de sus derechos de rango constitucional. -De la mayoría, no adhirió el juez Petracchi, qué sólo remite al Dictamen de la Procuración General-.

LEGITIMACION PROCESAL, ASESOR DE MENORES, DESALOJO, MENORES, USURPACION

Ante la medida cautelar prevista en el art. 335 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires que habilita al juez, en los casos en que se investiga la presunta comisión del delito de usurpación de inmuebles, a disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble cuando el derecho fuera verosímil, no es posible admitir la pretensión de la Asesora Tutelar de tomar intervención en el proceso penal a efectos de actuar como parte, cuando los niños, niñas o adolescentes no revisten la calidad de titulares de una relación jurídica real con el bien ni personal con el propietario ni son sujetos de la relación jurídica que representa la imputación del delito, sin que la intervención pueda justificarse en la mera circunstancia de que, de alguna manera indirecta, se pueda llegar a producir una afectación a los derechos o intereses de aquéllos por residir en el inmueble cuya restitución anticipada fuera solicitada (Voto del juez Juan Carlos Maqueda).

NIÑOS, ASESOR DE MENORES, DESALOJO, USURPACION, MEDIDA CAUTELAR, LEGITIMACION PROCESAL 

Si bien la Asesora Tutelar no es parte en el proceso de usurpación y por ello no se encuentra legitimada para efectuar planteos vinculados al objeto procesal ni a cuestionar las medidas cautelares que se dicten durante su transcurso, cuando se adopten decisiones de este tipo claramente debe asegurarse su anoticiamiento en el proceso con tiemposuficiente a fin de que, en salvaguarda de la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pudieran resultar por ella afectados, pueda recurrir a los mecanismos que brinda el ordenamiento jurídico argentino para reducir, al máximo posible, el impacto negativo que pudiera, a todo evento, generar la implementación de la medida de restitución anticipada solicitada (Voto del juez Juan Carlos Maqueda).