Derechos de las mujeres

Responsabilidad internacional del Estado Argentino en un caso bonaerense de aborto peligroso

María Silvia Villaverde

 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU responsabilizó a la Argentina por incumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el caso LMR sobre una adolescente bonaerense con discapacidad intelectual, que tuvo que transitar un embarazo  producto de una violación y luego someterse a un aborto peligroso en el circuito clandestino.[i]

Esto pasó en la provincia de Buenos Aires, a pesar de un fallo favorable de  la Suprema Corte de Justicia dictado en 2006, que el Estado no hizo cumplir.

Cuando la Argentina firmó, aprobó por ley y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo, se comprometió  a garantizar a todas las personas,  que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción,  los derechos reconocidos en el Pacto y también reconoció la competencia del Comité de Derechos Humanos para determinar cuándo hay violación del Pacto.

Por lo tanto, el Estado debe ahora cumplir el dictamen en el caso LMR (28/4/2011):

En 180 días debe comunicar al Comité las medidas adoptadas para cumplir con la obligación de proporcionar a la joven medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada y para evitar que se comentan violaciones similares del tratado en el futuro.

Con relación a los Protocolos de Aborto No Punible,  Argentina debe garantizar que existan  en todas las provincias y jurisdicciones a su cargo y deberán estar respaldados por leyes del máximo nivel. No basta una resolución ministerial.

Con anterioridad al dictamen del Comité de Derechos Humanos en el actual caso LMR, Argentina ya había recibido reiteradas recomendaciones de parte de los órganos de Naciones Unidas con el objetivo de que el Estado cumpliera las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adecuando su legislación y sus prácticas a esos tratados.

A mediados de 2010,  el Comité de los Derechos del Niño (ONU)  le había hecho saber a Argentina  su preocupación por el elevado porcentaje de mortalidad materna, especialmente de adolescentes, causada por un aborto (28,31% en 2005) y por los prolongados procedimientos de interrupción legal del embarazo resultante de una violación, prevista en el artículo 86 del Código Penal.

En esa oportunidad, se le recomendó al Estado la adopción de “medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto, en particular velando por que la profesión médica conozca y practique el aborto no punible, especialmente en el caso de las niñas y mujeres víctimas de violación, sin intervención de los tribunales y a petición de ellas” y  que enmendase el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo que respecta al aborto legal.[ii]

En el mes de marzo, el Comité de Derechos Humanos (ONU) había manifestado la misma preocupación “por la legislación restrictiva del aborto contenida en el artículo 86 del Código Penal, así como por la inconsistente interpretación por parte de los tribunales de las causales de no punibilidad” contenidas en ese artículo.[iii]

En consecuencia, le había recomendado a Argentina la modificación de su legislación de forma que la misma ”ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas. El Estado debe igualmente adoptar medidas para la capacitación de jueces y personal de salud sobre el alcance del artículo 86 del Código Penal.”

Para comprender la importancia de las preocupaciones y de las recomendaciones de los Comités de la ONU, no debemos olvidar que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos revisten jerarquía supralegal y constitucional en nuestro país y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado reiteradamente en sus fallos  que los  Comités  son los intérpretes autorizados de los tratados de derechos humanos en el plano internacional.

Finalmente, cuando las obligaciones del Estado de cumplir los tratados internacionales que soberanamente firma, aprueba y ratifica,  recaen sobre los 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  en todos los niveles: nacional, provincial y municipal.

OLVIDOS QUE NOS CUESTAN CAROS EN UN ESTADO DE DERECHO.

 

FUENTES:

[i] Dictamen del Comité de Derechos Humanos (ONU): CCPR/C/101/D/1608/2007 – 28/4/ 2011

[ii] Comité de los Derechos del Niño (ONU): Observaciones Finales sobre Argentina, (CRC/C/ARG/CO/3-4) del 21/6/2010

[iii] Comité de Derechos Humanos (ONU): Observaciones Finales sobre Argentina (CCPR/C/ARG/CO/4) del 31/3/2010: