Primer cuatrimestre 2018

Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de Lomas de Zamora

 

Inicio de Clases: 13/3/2018

Primer parcial: 2 de mayo

Segundo parcial: 20 de junio 

 

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NOTAS SOBRE CONCEPTOS FUNDAMENTALES (1)


1. SIGNIFICADO de la última gran reforma del derecho civil y comercial: CONSTITUCIONALIZACIÓN del derecho civil y comercial

a. El alumno debe conocer en el curso de la materia que a partir del 1 de agosto de 2015 se produjo en el derecho argentino una gran reforma, que se concretó con la reunión de las principales instituciones del derecho civil y del derecho comercial en un único código, el Código Civil y Comercial de la Nación, que rige en toda la Nación a partir del 1 de agosto de 2015.

A diferencia del dereho procesal, que se legisla por cada una de las provincias en sus códigos civiles y comerciales -por un lado- y criminales -por el otro-, en el caso del derecho de fondo (penal, civil, comercial, laboral) hay la Nación aprueba legislación que rige en todo el Estado argentino de forma uniforme.  Así tenemos un Código Civil y Comercial, un Código Penal, que rige en todo el Estado, igual para toda/os. En cambio, en materia de procedimientos, cada provincia tiene sus propios códigos procesales civiles y comerciales o de procedimientos penal o laboral, cuya función es organizar los procedimientos civiles y comerciales, penale o laborales.

b. El alumno debe aprobar la materia conociendo las modificaciónes fundamentales del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo lenguaje utilizado en las distintas temáticas legisladas que se enmarca en un proceso de humanización y constitucionalización del derecho, y la manera en que se deben interpretar los artículos de este código. Porque en la actualidad, ya no se puede aceptar que no se sepa que todas las instituciones del derecho civil y comercial, así como la totalidad de nuestro derecho argentino, deben interpretarse “conforme con” la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que la Argentina ratificó y jerarquizó constitucionalmente. También deben conocer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanoss (OEA).

El legislador lo ha expresado claramente en los artículos 1 y 2 referidos a la Aplicación del Código y a su Interpretanción, agregando en el artículo 3 la importancia que tiene que los jueces redacten las sentencias en las que resuelven los casos, explicando el razonamiento que han seguido para llegar al fallo. Esto también puede relacionarse con el marco de democratización del derecho, pues es fundamental que los jueces hablen claro para que la gente que no es de derecho pueda entender. No olvidemos que las personas menores de edad (niñas, niños y adolescentes), las personas con discapacidad (aún la personas en situación de discapacidad más vulnerables, como lo son las personas con discapacidad intelectual y mental) , las personas mayores, es decir toda/os, participan activamente en los juicios y son escuchados por los jueces, además todas estas personas tienen derecho a tener un abogado (por ejemplo el Abogado del Niño, cuyo Registro llevan los distintos Colegios de Abogados).

 

2. CONTROL de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio (“de oficio”: la expresión “de oficio” significa que no es necesario que las partes de un juicio les soliciten al juez la declaración de inconstitucional o de inconvencionalidad de un artículo o de una ley, sino que es una obligación del juez hacerlo como parte de su función. Así también lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo  “Rodriguez Pereyra contra Ejército Argentino s/Daños y Perjuicios)

Por los motivos explicados, los jueces controlar cuando resuelven deben controlar que la legislación con rango infra- constitucional esté en armonía, es decir no se encuentre en contradicción con la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos. En los casos que así fuera debe interpretar las leyes de inferior jerarquía tratando en la máxima medida posible de armonizarlas con la Constitución y los Tratados de derechos humanos, y solamente en aquellos casos en que -a pesar de sus esfuerzos interpretativos- no lo consiga, debera declarar la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de el articulo o de la parte del artículo que contradiga nuestras leyes superiores (Constitución y tratados de derechos humanos, que se ubican en el punto más alto de nuestro derecho, en el TECHO de nuestro derechos, como decía un querido maestro el Dr. Bidart Campos. En estos casos, el juez inaplica (deja de lado) esa norma para resolver el caso concreto. Su decisión de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad sólo vale para el caso que resolvió. No significa que se ha derogado la ley inconstitucional o inconvencional, sino que los efectos son solamente para ese caso particular. 

Esta tarea de los jueces debe entenderse en el contexto de la división de poderes, que caracteriza nuestra organización política. Una de las funciones de los jueces (Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado) es controlar, que en cada caso concretro que deban resolver, no se le filtren leyes dictadas por el legislador (Poder Legisaltivo, otro de los poderes del Estado) que sean contrarias a la legislación suprema de nuestro Estado (la Constitución Nacional y los tratados internacionales). Es importante, que los alumnos sepan que en la Argentina todos los jueces (desde un juez de paz hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación) tienen el deber de controlar “de oficio” (es decir sin que las partes del juicio se lo soliciten) la constitucionaidad y la convencionalidad de todas las normas infereriores que forman nuestro derecho. El Código Civil y Comercial es una ley con jerarquía inferior a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos, por lo que los jeuces deben estar atentos y controlar la constitucionalidad y la convencionalidad de todos sus artículos (así como la del resto de la legislación) cada vez que tienen que dar solución a un  caso  planteado en sus juzgados por las partes en conflicto.

El control de convencionaldad es el control que los jueces deben hacer de que las leyes internas dictadas en nuestro Estado sean respetuosas de los tratados de derechos humanos, que hemos firmado en la ONU o en la OEA, aprobado mediante una ley nacional y luego ratificado en ejercicio de nuestra soberanía. En estos tratados el Estado se compromete a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a toda/os las personas que viven en su territorio.

Debe tenerse en cuenta especialmente que los tratados internacionales de derechos humanos significan una protección mayor de los derechos fundamentales de las personas que viven en nuestro territorio, sobre todo de aquellas que se hallan en situación de vulnerabilidad, vale decir, de aquellas más expuestas a sufrir daños por parte de los demás, en situación de ser dañadas con mayor probailidad que los demás por su situación de pobreza, de edad, de género, de raza, de otigen, entre otras razones.

Hay un principio fundamental en el derechos internacional de los derechos humanos, que en la Argentina se aplica con frecuencia por parte de los jueces. Es el Principio Pro Persona (antes llamado Principio Pro Homine o pro hombre, con un lenguaje que no era sensible a la discriminación de género que sufren las mujeres en el mundo). Es muy relevante para la interpretación de las instituciones de derecho civil y comercial, porque significa básicamente que cuando se encuentre comprometido o vulnerado un derecho humano protegido por los tratados de derechos humanos siempre debe interpretarse la norma de forma tal que la protección dada por el derecho sea la mayor. Así, si existe duda entre dos interpretaciones de una expresión contenida en un artículo de una ley, el juez debe optar por la interpretación de dicha expresión que consagra una protección de mayor calidad para la persona, en especial cuando la persona pertence a un colectivo de personas que se encuentra en situación de vulnerabilidad (niños,  mujeres, mayores, personas con discapacidad, migrates, poblaciones de pueblos originarios). Lo mismo en el caso de que el juez se encuentre con dos leyes posibles a aplicar para solucionar un caso: deberá elegir la normas que otorga mayor protección al derecho humano comprometido.

Ejemplos de estos tratados de derechos humanos que específicamente protegen los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulenrabilidad y que son muy relevantes para interpretar todas las instituciones de nuestro Código Civil y Comercial:

Tratados de derechos humanos de la ONU (vale decir, el sistema de protección UNIVERSAL de derechos humanos, del que forman parte todos los paíeses del mundo. Argentina es uno de los Estados que integra la ONU): Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, Convención contra la Discriminación de Raza, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos de los Migrantes y sus Familias, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Tratados de derechos humanos de la OEA (vale decir, el sistema de protección INTERAMERICANO de derechos humanos, del que forma parte Argentina, conjuntamente con otros paises del continente americana. Son 31 Estados en la actualidad): Conevnción Americana de Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de las Personas Mayores, entre otros.

En Argentina casi todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, de conformidad con el art.75 inc.22 de la Constitución Nacional. Algunos obtuvieron esa jerarquía cuando se reformó la Constitución Nacional en el año 1994 y otros tratados de derechis humanos la van adquiriendo con el tiempo. Debe tenerse en cuenta que para que un tratado internacional de derechos humanos adquiera la jerarquía constitucional tiene que reunir las mayorías especiales en ambas Cámaras del Congreso que están previstas en el art. 75 inc.22 de la Constitución Nacional; son mayorías superiores a las requeridas para la sanción de las leyes infraconstitucionales. A diferencia de los tratados internacionales de derechos humanos, debe tenerse presente que el Código Civil y Comercial es una ley con jerarquín inferior a los tratados de derechos humanos, que fue además sancionada en el Congreso las mayorías requeridas para toda ley.

 

3. PERSONALIDAD JURÍDICA: Personas humanas y personas jurídicas. Personas No Humanas (o sintientes).

Las personas en el derecho argentino son: Personas “humanas” (no se utiliza en el Código Civil y Comercial la expresión “persona física” para referirse a los seres humanos) y personas “jurídicas” (públicas o privadas). 

A. Persona HUMANA

Las Personas en el derecho argentino: Son los “sujetos de derecho” en el derecho argentino. Esto significa que son capaces “de derecho” y capaces “de ejercicio”, vale decir, para ejercer sus derechos

Comienzo de la existencia de la persona humana:  Es el momento de la “concepción”, según el art.19 del Código Civil y Comercial. 

La capacidad de derecho es la aptitud de ser titular de derechos y de deberes jurídicos.

La capacidad de ejercicio signfiica ejercer “por si mismo” esos derechos (con las excepciones previstas en el Codigo o en una sentencia judicial). El alumno debe tener en claro que los derechos se deben ejercer respetando el principio de “BUENA FE” (art.9 del Código Ciivl y Comercial). A diferencia del antiguo Código, el principio de buena fe ha sido colocado por el legislador de la reforma en el art.9 que forma parte del Titulo Preliminar del Código para destacar la trascendencia en nuestro derecho. 

Ejercicio de los derchos de conformidad con los principios de buena fe, sin abusar del derecho, ni de la posición dominante  en el mercado, respetando el órden pùblico y sin defraudar  (arts.9 a 14 del Código Civil y Ciomercial)

Recordar en este punto la importancia del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo y Otros vs.Costa Rica”, conocido con fallo “F.I.V.” (fertilización in vitro), en el cual la Corte consideró que el momento de la concepción de la persona humana (es decir el comienzo de su existencia) coincide con el momento del embarazo de la mujer, vale decir el momento en que el embrión se implanta en el útero. Esto último ocurre cuando el cuerpo de la mujer emite una hormona que se denomina gonadotropina coriónica. Por lo tanto, el momento de comienzo de la existencia de la persona humana no es el momento de la fecundación, cuando se unen el óvulo y el espermtozoide, sino cuando el embrión -producto de esa unión- se implanta (se abrocha) en el útero. Esto útlimo genera las condiciones de posibilidad de la viabilidad de ese embrión, de su desarrollo total.

A partir de ese momento, el de la concepción, existe una persona humana para el derecho, es decir, esa persona humana ya es sujeto de derechos y por ello es titular de derechos y de obligaciones (por ejemplo puede heredar a su padre fallecido durante el embarazo de la madre). Es importante que el concebido implantado en el útero materno nazca con vida, pues “si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió”. Según el artículo 21 del Código Civil y Coemrcial “nacer con vida” es la condición.

El momento del nacimiento se acredita con el certificado de nacimiento, que se extiende a las personas por el Registro Civil a partir de las constancias obrantes en las partidas de nacimientos y de las notas marginales modificatorias de la inscripción originaria (Libro de Nacimientos).

FIN de la existencia de la persona humana: la muerte, que se acredita con el certificado de defunción de la persona humana. Una de las consecuencias principales de la muerte de una persona humana es la apertura de la sucesión (art.2277 del Código Civil y Comercial). Pues los bienes no pueden quedar sin dueño en el mundo del derecho. Los sucesores son sus titulares a partir de ese momento, aunque el trámite judicial de la sucesión se inicie con posterioridad para determinar e identificar quiens son efectivamente esos sucesores (Declaratoria de herederos dictada por el juez del juzgado en el que se ha iniciado la sucesión). (art.2335 del Código Civil y Comercial).

NOMBRE de la persona humana: Integrado por dos elementos, el pre-nombre (el nombre pila)  y el apellido (indica la pertenencia de una persona humana a un determinado grupo familiar).

El nombre es un derecho y un deber (art.62 Código Civil y Comercial), pues es un medio para identificar e individualizar a las personas en la sociedad. Responde a una exigencia inherente a la dignidad humana y a una exigencia social, la de distinguirnos y diferenciarnos de otros en la socieadad, o sea que hay un interés personal, privado, subjetivo, y un interés social.

Los alumnos deben tener claro que toda persona humana debe tener un apellido, por lo que el Código Civil ha contemplado CASOS ESPECIALES en el art.66 y en el 67: 1.En el art.66 se considera la situación de nino/as SIN FILIACION. En estos casos el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas debe anotar a la niña o al niño con el apellido “que está usando, o en su defecto, con una apellido común.” (Pérez, López, Córdoba, entre otros). 2. En el art.67 se contempla la situación de las personas menores de edad, pero “con edad y grado de madurez suficiente” que carezcan de apellido inscripto pueden pedir “inscripción del que están usando.” 3. Si con posterioridad a la imposición del apellido, alguno o ambos progenitores hacen el “reconocimiento” (acto jurídico unliteral), corresponde la sustitución del apellido dado por la autoridad administrativa en un principio.  Atención! En el caso de que la persona ya fuera conocida por el apellido asignado originariamente por el oficial del Registro, consideramos que debe autorizarse que lo siga usando. De todos modos, la ley no ha establecido esta última solución.

Los alumnos deben leer con atención los artículos referidos a la elección del prenombre (art.63) y al apellido (art.64)

La elección del PREnombre corresponde, en primer lugar, a los progenitores como consecuencia de la titularidad y ejercicio de la RESPONSABILIDAD PARENTAL (concepto que sustituye en el nuevo Código a la vieja expresión “Patria Potestad”). No pueden inscribirse más de TRES prenombres y además es importante tener en cuenta que tampoco pueden inscribirse apellidos como prenombres, , ni pueden darse primeros prenombres idénticos a los primeros prenombres de hermanos vivos (el que no puede ser idéntico es el primer prenombre). No pueden inscribirse nombres extravagantes. Pueden inscribirse nombres aborígenes. (art.63)

El APELLIDO en el caso de hija/os MATRImoniales: 1. Si ambos progenitores están de acuerdo, la hija o el hijo llevaràn el Primer apellido de alguno de los cónyuges. Es indistinto el apellido de la madre o del padre. 2. Si no se ponen de acuerdo entre los progenitores, se determina cuál es el primer apelido mediante SORTEO en el Registro. 3. A pedido de los progenitores, se puede adicionar el apellido del otro. 4. También la propia persona puede  pedir que se le agregue el apellido del otros porgenitor, cuando tenga “edad y madurez suficiente” (tengan en cuenta que el artículo 64 no exige que sean mayores de edad para este acto). 5. Toda/os la/os hija/os de un mismo matrimonio deben llevar el apellido o la integración compuesta (apellido de ambos progenitores) que se haya decidido para el PRIMERO de los hijos.

El APELLIDO en el caso de hija/os EXTRAmatrimoniales: 1. Si hay un único vínculo filial establecido en el momento del nacimiento, el apellido será el de ese progenitor. 2. Si ambos progenitores están presentes en el momento de la inscripción de la hija o del hijo, se aplican las mismas reglas de hija/os matrimoniales.  3. En aquellos casos en que la SEGUNDA filiación o relación filial se determine con posterioridad al momento del nacimiento, los progenitores ACUERDAN ese orden. 4. Si no hay acuerdo entre los progenitores, el JUEZ dispone el orden de los apellidos, según el interés superior de cada niña/o.

CAMBIO de prenombre o apellido: arts. 69 y 70 del Código Civil y Comercial: Se realiza judicialmente y debe probarse que existen “JUSTOS MOTIVOS” (Por ejemplo: 1. Seudónimo, cuando hubiese adquirido notoriedad; 2) raigambre cultural, étinica o religiosa; 3) afectación de la personalidad de la persona interesada (cualquier sea la causa. Lo que importa es que se prueba en el juicio esa afectación de la subjetividad de la persona).  El juicio de CAMBIO de nombre o de apellido será el más breve previsto por la ley. 3. EXCEPCIONES al cambio de nombre JUDICIAL. Los siguientes se consideran JUSTOS MOTIVOS para el cambio del prenombre o del prenombre y el apellido SIN NECESIDAD de pasar por un JUICIO: a) casos de cambio de prenombre por razón de IDENTIDAD DE GÉNERO y b) cambio de prenombre y apellido cuando se ha sido víctima de de desaparición forzada, apropiación ilegal  o alteración o supresión del estado civil o de la identidad. 

Existen acciones para proteger nuestro nombre (prenombre o apellido) cuando sea vulnerado injustamente. La misma protección se le reconoce a nuestro seudónimo, cuando es notorio. (arts. 71 y 72 Código Civil y Comercial).

B. Las personas “jurídicas” se clasifican (art.145 Código Civil y Comercial): en PÚBLICAS  (Por ejemplo, Estado Nacional, provincias, la CABA, los Municipios, los Estados extranjeros, la ONU, la OEA, la UNESCO, la Iglesia Católica) y PRIVADAS (Por ejemplo: asociaciones civiles, sociedades de la Ley General de Socidades, fundaciones, mutuales, cooperativas).

Según el art.141 del Código Civil y Comercial son personas jurídicas todos los entes a los cuales el derecho argentino les CONFIERE aptitud para adquirir derechos y contraer obliagciones “para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación”.

El alumno debe tener en claro que, en el caso de las personas jurídicas, el derecho les OTORGA o confiere la APTITUD para adquirir derechos y contraer obligaciones, PARA que puedan cumplir su Objeto y los fines de su creación – no OTROS. (art.141 Código Civil y Comercial)

El “comienzo de la persona jurídica” es a partir del momento de su “constitución” (a diferencia de la persona humana).

Carácter DIFERENCIADO de la personalidad: Esto significa que la persona jurídica tiene una personalidad DISTINTA de los miembros de esa persona jurídica. (arts.142 y 143 Código Civil y Comercial). Es importante tenerlo en claro porque la consecuencia de ello es que los miembros de una persona jurídica no responden por las obligaciones asumidas por la persona jurídica, salvo en casos excepcionales. El patrimonio de la persona jurídica no pertenece a sus miembros, sino que la persona jurídica es su titular.

Otro punto que el alumno debe tener en cuenta es que una persona jurídica no necesariamente tiene que tener PLURALIDAD de miembros. Ejemplo de ello, la Sociedad Anónima Unipersonal (Ley General de Sociedades).

En los articulos 151 a 156 del Código Civil y Comercial se establecen los atributos de las personas jurídicas privadas, pero estos artículos deben complementarias con otras normas específicas que regulan estas materias. 

C. Persona NO HUMANA (trato digno de los animales, como seres sintientes que padecen el dolor que les infligimos): El objetivo es “no considerarlos COSAS”.

En algunas legislaciones ya han sido incluidos en sus artículos, no así en nuestra Constitución, ni en nuestro Código Civil y Comercial. En Francia se declaró a los animales seres sintientes, en  Alemania y Suiza lo son a  nivel constitucional. Muestra de nuestro respeto por los animales es la creación de una Fiscalía específica para denunciar en Avellaneda. Además en los Colegios de Abogados y de Magistrados existen comisiones en las que se estudia el derecho animal. Lo mismo ocurre en las Universidades. También los jueces, tanto nacionales como provinciales, dictan sentencias protegiendo y castigando el daño que se les inflige a los animales. Cabe señalar que a nivel internacional existe una DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS ANIMALES. 

Hay causas judiciales en Argentina y en otros países del mundo, en las que reclaman que los grandes simios deben ser considerados “personas no humanas”. En Argentina se reconoció ese estatuto a una orangutana llamada Sandra, recluida en el zoo.

La sentencia argentina (21/10/2015) reconoció a la orangutana Sandra, como un “sujeto de derecho, conforme a lo dispuesta por la ley 14.346 y  el Código Civil y Comercial, en cuanto al “ejercicio no abusivo de los derechos” (art.10 Código Civil y Comercial) por parte de sus responsables –el concesionario del Zoológico porteño y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Afirmó que la orangutana es “un sujeto no humano titular de derechos fundamentales”, que “como un sujeto, su cautiverio y exhibición en un zoo viola los derechos que ella titulariza” a ser alimentada y no tratada con crueldad. El juez también se refiere a la orangutana Sandra como “individuo sintiente”. Los alumnos deben darse cuenta de la importancia que tienen los principios establecidos en el Código Civil y Comercial para resolver casos judiciales novedosos. En este caso el juez recurrió al art.10 sobre Abuso de Derecho para fundar su decisión razonablemente como prescribe el art.3. A pesar de que el Código no se refiere a los animales como sujetos de derecho, ni como persona humana, los jueces con formación adecuada encuentran siempre las razones para argumentar sus sentencias en un sentido que mejora la vida en el planeta.”Persona no humana” puede parecer un concepto extraño, pero la clave es que busca considerar a algunos animales como sujetos, no sólo como objetos de derechos, como meras cosas. El abogado estadounidense que dirige el Proyecto Nonhuman Rights Project, la organización pionera en este tipo de procesos, explica: “Ser una persona no humana representa que tienes derechos. Existe una división jurídica fundamental entre cosas y personas: nuestro objetivo es derribar el muro que deja a los animales del lado de las cosas, tienen que conseguir ser considerados personas y estar protegidos”. Wise ha llevado a los tribunales el caso del chimpacés Tommy y de otros tres chimpancés en EE UU.

 

4. ACTO JURíDICO (art.259), CONTRATO  (art.957) y DERECHO DE PROPIEDAD (art.965)

a) Definición art.259 (voluntario, lícito, con el fin inmediato de: adquiri, modificar o exttinguir relaciones 

Clasificación de los actos jurídicos: uniltarales  (reconocimiento de hija/o,  testamento) y bilaterales (matrimonio, contratos)

El alumno debe tener claro el significado de los elementos de definiciones tan importantes como la de acto jurídico:

Es evidente la importancia de un acto jurídico uniltateral, como el RECONOCIMIENTO de hija/os,  ya que crea la relación jurídica FILIAL o filiación, vale decir que a partir del momento en que se produce ese reconocimiento por parte del padre nace un vínculo entre progenitor e hija/o, que por se un VINCULO JURíDICO conlleva consecuencias trascendentes en la vida de ambos: A partir de ese momento son padre e hijo, a partir de ese momento nacen obligaciones para el padre en relación con su hijo que deberá cumplir en ejercicio de su responsabilidad parental, también nacen derechos para él a fin de poder cumplir mejor esas funciones de padre SIEMPRE EN INTERES SUPERIOR DEL HIJO. Lo mismo ocurre en el caso del niño: la relación materno-filial o paterno-filial implica para el niño el derecho a ser cuidado conforme a su derecho al desarrollo pleno hasta que sea adulto. Para el cumplimiento de este fin nace el derecho a la cuota alimentaria cuando los padres están separados, también el derecho al cuidado personal compartido por ambos progenitores -en forma indistinta o alternada art.650 del Código Civil y Comercial- que será unilateral en casos excepcionales y probando suficientemente su necesidad, etc. En el caso del cuidado uniateral, nace para el hijo o la hija el derecho a la comunicación con el progenitor que no se encuentre a cargo del cuidado, etc.

b) CONTRATO, DERECHO DE PROPIEDAD y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (arts. 957,  965  Y 14 del Código Civil y Comercial)

En el caso de los contratos son actos jurídicos BILATERALES (locacion, donación, compraventa) o PLURILATERALES (sociedades), que requieren com mínimo dos partes. El artículo 957 establece: “dos o más partes” manifeistan su consentimiento. Con el fin de: CREAR, REGULAR, MODIFICAR, TRASNFERIR O EXTINGUIR relaciones jurídicas. En este caso la ley aclara que se trata de “relaciones jurídicas PATRIMONIALES”. En el art.965 titulado: derecho de PROPIEDAD, se establece que “los derechos reaultantes de los contratos integran el DERECHO DE PROPIEDAD  del contratante”.

Los derechos generados por la celebración de un contrato integran el DERECHO DE PROPIEDAD de las partes que lo celebraron que, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comprende “todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Por lo que, la garantía constitucional de la propiedad ampara desde la eficacia de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada a los derechos nacidos de un contrato.

Alcence de la garantía constitucional de la propiedad: Extensión de la garantiza constitucional protege los derechos subjetivos causados en el contrato. De modo que los créditos, ya sean de dar, de hacer o de no hacer nacidos de la relación jurídica contractual constituyen una propiedad de la cual su titular no puede ser privado sino es en función de ley y previa indemnización.

Esta garantía tambien se extiende a la “libertad de contratación”, que comprende el derecho de contratar o no, de hacerlo con quien se quiera y de configurar el contenido del contrato (art.958 del Código Civil y Comercial).

La comprensión de este artículo tiene importancia fundamental para los alumnos de Ciencias Económicas por dos razones principales, entre otras:

i) En primer lugar, es claro que si los derechos resultantes de los contratos integran el derecho de propiedad del contratante, le serán aplicables las garantías que protegen el derecho constitucional de propiedad, de conformidad basicamente con el art. 17 Constitución Nacional y el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La protección constitucional de la propiedad tiene su expresión en el art. 17 de la Constitución Nacional, según el cual “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

ii) En segundo lugar, esto implica también que esos derechos resultantes de los contratos se encuentran incorporados al patrimonio del contratante y, por ello, pueden ser objeto de medidas dirigidas contra él por sus acreedores o bien de expropiación, en aquellos casos admitidos por nuestro sistema legal.

iii) Además, como todo derecho, el de propiedad no es absoluto y no puede nunca ser ejercido de manera abusiva, como lo hemos visto cuando estudiamos los principios que regulan el “ejercicio de los derechos” (en especial, los artículos 9 sobre buena, 10 sobre abuso de derecho, 11 sobre abuso de posición dominante, 12 sobre orden público y fraude a la ley y 14 en el que se establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puedan afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general, en el que vemos consagra en alguna medida el principio de “responsabilidad social empresaria.”

5. DERECHO DEL CONSUMIDOR: Interpretación. Claúsulas abusivas. Publicidad.

6. EJERCICIO DE LOS DERECHOS (arts.9 a 14 del Código Civil y Comercial) 

7. Novedades en DERECHOS REALES.

8. REFORMAS EN EL DERECHO DE FAMILIA:

MATRIMONIO. UNIÓN CONVIVENCIAL.

DIVORCIO, PROPUESTA O CONVENIO REGULADOR, COMPENSACIÓN ECONÓMICA

CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS, UNILATERAL O COMPARTIDA, MODALIDADES DEL CUIDADO PERSONAL COMPARTIDO: INDISTINTO O ALTERADO

REGIMEN DE COMUNICACIÓN 

ALIMENTOS

9. REFORMAS AL DERECHO SUCESORIO:

DEFINICIÓN

COMPETENCIA

OBJETIVOS DEL PROCESO SUCESORIO

 DECLARATORIA DE HEREDEROS (SENTENCIA)

NUEVA PORCIÓN DISPONIBLE

 PORCION LEGITIMA. MEJORA

HEREDEROS LEGITIMARIOS O FORZOSOS (DESCENDIENTES, CÓNYUGE SUPERSTITE, ASCENDIENTES)

HEREDEROS COLATERALES

 DERECHO DE REPRESENTACIÓN (DESCENDIENTES)

HERENCIA VACANTE

10. PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SOBRE NUEVAS INSTITUCIONES Y NUEVA TERMINOLOGÍA.