El derecho a la verdad es un concepto que ha evolucionado durante los últimos años en el sistema interamericano.

Inicialmente se consideró que se trataba del derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que tienen los Estados de brindar a las víctimas o sus familiares un recurso sencillo y rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales (art.25 Convención Americana de Derechos Humanos).

En la actualidad el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad en general (arts.25, 1(1), 8 y 13 de la Convención)

Desde el punto de vista conceptual, este derecho ocupa un lugar central y básico en el contexto de la lucha contra la impunidad y de la búsqueda de la justicia.

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Tratados internacionales de derechos humanos específicos:

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS: Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General OEA. Aprobada en Argentina mediante la ley 24.556 (B. O.: 18 de octubre de 1995) y ratificada el 28/2/1996. Integra el artículo 75 inciso 22 por ley 24.820, de abril de 1997 (B. O.: 29 de mayo de 1997)

La Constitución Nacional reformada en 1994 reconocio jerarquía constitucional en su artículo 75 inciso 22 a una serie de instrumentos internacionales, entre ellos, dos Declaraciones –una universal y otra regional- y nueve tratados internacionales – ocho de ellos universales y uno regional. Luego, con la mayora calificada establecida en la Constitución, se le reconoció jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS:  Adoptado en 2006, en la 61a. Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/61/177, el tratado entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, 30 días después de que Irak se convirtiera en el vigésimo Estado en ratificarlo, el 23 de noviembre de 2010. Argentina aprobó el tratado por ley 26.298 del 14 de noviembre de 2007 y lo ratificó el 14/12/2007, declarando reconocer la competencia del Comité (arts.31-32).

Unos días antes, el 13 de diciembre de 2006, en el curso de la misma 61a. Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución   A/RES/61/106, se había adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo, que Argentina, aprobó por ley 26378 y ratificó el 2 de septiembre de 2008.