Organizado por la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Esteves (Temperley)

La propuesta de este curso anual se enmarca en la misión de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Esteves de contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales y de las condiciones de salud y acceso a la atención de calidad de la población a la que debemos dar respuesta. La educación permanente de los servicios de salud constituye una herramienta fundamental para cumplir con ese doble objetivo.
El curso propone: una reflexión sistemática sobre algunos de los principales componentes, debates y atravesamientos conceptuales en el campo de la salud mental para repensar y enriquecer el análisis de los problemas de salud de la población a la que asistimos, y una caja de herramientas para llevar adelante una intervención planificada para vulnerar los problemas priorizados o un proceso de investigación que permita conocerlos mejor. De esta manera esperamos que el lugar de la “capacitación” se constituya en un lugar de transformación.

Dirigido a: Asociados de la APSHE. Otros profesionales de la salud interesados en la temática a partir de desarrollar una práctica en salud en el ámbito público.

Informes e inscripción: apshesteves@yahoo.com.ar – TE 4231-8900

Fechas: 30/4/2009 y 28/5/2009 – 9:30 a 11:30 hs.

Colaboración: Dra.Cecilia Fernández. Médica Psiquiátra del Equipo Técnico del Tribunal de Familia N°3 de Lomas de Zamora

Temas:
Salud y Justicia. Salud Mental desde la perspectiva del derecho a la salud. Marco Normativo: Convenios internacionales. Legislación Nacional y provincial vigente
Marco Normativo vigente de la internación en salud mental.
Criterios/concepto de peligrosidad.
Responsabilidad profesional en salud mental.
Cese de la necesidad de internación: requisitos jurídicos para el alta, amparo jurídico para lograr la externación como un derecho del paciente a su salud mental.
Marco Normativo para proyectos de intervención comunitaria en salud mental: atención de urgencias en salud mental en centros de salud y en domicilio ¿qué intervenciones requieren de autorización judicial? Marco Normativo para proyectos de investigación en salud mental.
MATERIALES:
Claves para la reforma local (nacional y provincial) en materia de salud mental: Obligación estatal de adecuar el derecho interno y las prácticas a la normativa INTERNACIONAL Y REGIONAL ratificada por el Estado.
I. La Convención del sistema de protección de derechos humanos regional (americano): Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por la  Ley 25.280  (publicada en el B.O. 4/8/2000). Texto, estado de firmas y ratificaciones.
II. La Convención del sistema de protección de derechos humanos universal: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU), aprobada por la Ley 26.378 de aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo Facultativo – sancionada el 21/05/2008; promulgada el 06/06/2008; publicada en el Boletín Oficial el 09/06/2008 – Argentina ratificó la Convención el 2/9/2008, adhiriéndose al Protocolo Facultativo en la misma fecha.  
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (ONU), fueron aprobados el 13/12/2006, mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/61/106.
Argentina aprobó la Convención y su Protocolo mediante la Ley 26.378, sancionada el 21/5/2008 y publicada en el Boletín Oficial el 9/6/2008 – Argentina ratificó la Convención el 2/9/2008, adhiriéndose al Protocolo Facultativo en la misma fecha.
Con anterioridad, mediante la ley 25.280, sancionada el 6/7/2000 y publicada el 4/8/2000, se había aprobado la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

DescargarCONVENCIÓN sobre los DERECHOS de las PERSONAS con DISCAPACIDAD (ONU)  Síntesis

Descargar PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ONU)

 

Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo: De la exclusión a la igualdad, realización de los derechos de las personas con discapacidad – 29/5/2008 – ONU (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ACNUDH- y la Unión Interparlamentaria)
El Manual contiene directrices prácticas para prestar asistencia a “las iniciativas de parlamentarios y otras personas para aplicar la Convención a fin de que las personas con discapacidad puedan lograr la transición de la exclusión a la igualdad”.

 A/HRC/10/48  26/1/2009 – Nuevo documento de la Asamblea General de Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos:   Estudio temático preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para mejorar el conocimiento y la comprensión de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. (Ruptura con los Principios de Salud Mental, ONU, 1991. En el mismo sentido se había expedido el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos -manfres Nowak- en el documento A/63/175 del 28/7/2008 sobre La Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pág.11)

5. Derecho a la libertad y a la seguridad de la persona (art.14 de la Convención)

48. Un problema concreto en el contexto de la promoción y la protección del derecho a la libertad y a la seguridad de las personas con discapacidad es la legislación y la práctica relativas a la atención de salud y, más concretamente, al internamiento de la persona en una institución sin su consentimiento libre e informado (denominado a menudo internamiento involuntario u obligatorio). Antes de la entrada en vigor de la Convención, la existencia de una discapacidad mental era motivo lícito de privación de libertad y detención en la normativa internacional de derechos humanos. La Convención se aparta radicalmente de ese enfoque y prohíbe por discriminatoria la privación de libertad basada en la existencia de una forma de discapacidad, en particular mental o intelectual. El apartado b) del párrafo 1 del artículo 14 de la Convención establece claramente que los Estados partes asegurarán que “la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad”. Las propuestas formuladas durante la redacción de la Convención de limitar la prohibición de privación de libertad a los casos “únicamente” determinados por la discapacidad fueron rechazadas. Así pues, constituye detención ilegal la privación de libertad fundada en la combinación de una discapacidad mental o intelectual y otros elementos como la peligrosidad o la atención y el tratamiento. Dado que esas medidas se justifican en parte por la discapacidad de la persona, deben considerarse discriminatorias y contrarias a la prohibición de privación de libertad por motivos de discapacidad y del derecho a la libertad en igualdad de condiciones con los demás previstos en el artículo 14.

49. Deben abolirse las normas que autorizan el internamiento en una institución de las personas con discapacidad en razón de ésta y sin su consentimiento libre e informado. Ello debe incluir la derogación de las disposiciones que autorizan el internamiento de las personas con discapacidad para su atención y tratamiento sin su consentimiento libre e informado, así como las que autorizan la privación preventiva de libertad de las personas con discapacidad por motivos tales como la posibilidad de que puedan ponerse en peligro a sí mismas o a otros, en todos los casos en que los motivos de la atención, el tratamiento y la seguridad pública estén vinculados en la legislación a una enfermedad mental aparente o diagnosticada. Esto no debe interpretarse en el sentido de que las personas con discapacidad no puedan ser legalmente internadas para su atención y tratamiento o privadas preventivamente de libertad, sino que el fundamento jurídico que determina la restricción de libertad debe estar desvinculado de la discapacidad y definido sin referencia a ésta, de manera que se aplique a todas las personas en igualdad de condiciones.

6. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (art.19 de la Convención)

50. Las disposiciones del artículo 19 de la Convención tienen consecuencias de gran alcance para todas las formas de atención institucionalizada de las personas con discapacidad. El reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a formar parte de la colectividad requiere que se abandonen las políticas oficiales que favorecen la atención en instituciones en favor de la atención a domicilio o en residencias y otros servicios comunitarios de apoyo. El elemento fundamental de toda intervención destinada a hacer efectivo el derecho a vivir de forma independiente y a formar parte de la colectividad es el reconocimiento legal explícito del derecho de las personas con discapacidad a decidir dónde y con quién quieren vivir. Este reconocimiento debe también reflejar claramente la ilegalidad de toda decisión de atención en residencias tomada contra la voluntad de la persona con discapacidad.
51. Renunciar a la institucionalización es necesario, aunque no suficiente, para alcanzar el objetivo de vivir de forma independiente. En la mayoría de los casos, será necesario adoptar una estrategia nacional que, como mínimo, integre las intervenciones en la esfera de los servicios sociales, la salud, la vivienda y el empleo. Para la aplicación efectiva de esas estrategias es necesario que el principio de vivir de forma independiente quede firmemente recogido en un marco legislativo que establezca claramente ese principio como un auténtico derecho, así como las obligaciones de las autoridades y los proveedores de servicios, al tiempo que prevea la posibilidad de acudir ante la justicia en caso de violación de ese derecho. Esos marcos legislativos deberán incluir el reconocimiento del derecho a acceder a los servicios de apoyo necesarios para poder vivir de forma independiente y participar en la vida de la comunidad, así como la garantía de apoyo para una vida independiente, atendiendo a las propias decisiones y aspiraciones del interesado, de conformidad con los principios de la Convención”.

 

LUCHA CONTRA LA TORTURA EN RELACIÓN CON LA DISCAPACIDAD (esp. discapacidad mental)

Redefinición de la violencia y los abusos cometidos contra las personas con discapacidad como tortura u otras formas de malos tratos

A/63/175 Informe provisional presentado por el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (respecto de las personas con discapacidad), en la Asamblea General de Naciones Unidas – 28/7/2008

Resumen
En este informe, presentado en cumplimiento de la resolución 62/148 de la Asamblea General, el Relator Especial […] señala a la atención de la Asamblea General la situación de las personas con discapacidad, que con frecuencia son objeto de desatención, formas graves de restricciones y reclusión y violencia física, psicológica y sexual. Preocupa al Relator que esas prácticas, cometidas en instituciones públicas y en el ámbito privado, sigan siendo invisibles y no sean reconocidas como tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Tras la reciente entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, sería oportuno examinar el marco de lucha contra la tortura en relación con las personas con discapacidad. Al redefinirse la violencia y los abusos cometidos contra las personas con discapacidad como tortura u otras formas de malos tratos, las víctimas y sus defensores pueden obtener una protección jurídica y una compensación mayores por tratarse de violaciones de los derechos humanos.
En la sección IV el Relator Especial examina el uso de la reclusión en régimen de aislamiento. Habiéndose demostrado claramente sus efectos negativos en la salud mental, esa práctica sólo debería emplearse en circunstancias extraordinarias o cuando sea absolutamente necesario en una investigación penal. En cualquier caso, la reclusión en régimen de aislamiento debe ser lo más breve posible.