Discapacidad

A.D.E.E.I. Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración – Centro de Capacitación C.R.E.E.S. Centro de Renovación de la Educación,

 Fecha: Jueves 17 de Junio de 19 a 21 hs 

Lugar: Auditorio Hno. Sixto del Colegio Champagnat – Montevideo 1050 – Ciuded Autónoma de Buenos Aires

♦ Presentación sobre Aportes para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad”  a cargo de María Silvia Villaverde

 


 

MATERIALES:

 

♦ Derecho a la Educación inclusiva: Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación (ONU) sobre El derecho a la educación de las personas con discapacidades (A/HRC/4/29 – 19/2/2007)

El derecho a una educación inclusiva implica la posibilidad de que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos. El paradigma de la educación inclusiva surge como respuesta a las limitaciones de la educación tradicional, calificada como patriarcal, utilitarista y segregadora, así como a las insuficiencias resultantes de la educación especial y de las políticas de integración de estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema regular de educación.

 

Información sobre Discapacidad y Trabajo decente (OIT)

Poner en práctica el trabajo decente significa promover oportunidades de empleo para personas con discapacidad, basandose en los principios de igualdad de oportunidad, igualdad de trato, integración y participación en la comunidad. Las mujeres y los hombres con discapacidad pueden y quieren ser miembros  productivos de la sociedad. Tanto en los países desarrollados como en desarrollo, la promoción de sociedades más inclusivas y de oportunidades de empleo para personas con discapacidad requiere un mejor acceso a la educación básica, formación profesional acorde con las necesidades del mercado de trabajo y puestos de trabajo adecuados a sus capacidades, intereses y habilidades, con adaptaciones, según sea necesario. Muchas sociedades también están reconociendo la necesidad de derribar otras barreras – haciendo que el entorno físico sea más accesible, proporcionando la información en una variedad de formatos, y combatiendo las actitudes y suposiciones erróneas sobre las personas con discapacidad.

 

♦ Estudio temático preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para mejorar el conocimiento y la comprensión de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (A/HRC/10/48 – 26/1/2009

 

♦ Principios estructurantes de la nueva protección de los derechos de las personas con discapacidad: Acceso a la justicia y desarrollo de identidades positivas (María Silvia Villaverde)

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (ONU) fueron aprobados el 13/12/2006, mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/61/106.

Argentina aprobó la Convención y su Protocolo mediante la Ley 26.378, sancionada el 21/5/2008 y publicada en el Boletín Oficial el 9/6/2008.

Con anterioridad, mediante la ley 25.280, sancionada el 6/7/2000 y publicada el 4/8/2000, se había aprobado la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Ambos tratados de derechos humanos fueros ratificados por Estado, revisten jerarquía supralegal, deben ser cumplidos de buena fe y el Estado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplirlos.

Por lo tanto, configuran el marco supralegal de toda decisión a adoptar respecto de las personas con discapacidad (arts. 26 y 27 Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados).

Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos tan precisos que vale la pena transcribir en estas líneas iniciales:

“165. Este Tribunal considera indispensable recordar lo señalado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual señala, al referirse al derecho interno y a la observancia de los tratados, que “[u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

166. Es decir, al ratificar o adherir a un tratado internacional, los Estados manifiestan su compromiso de buena fe de garantizar y respetar los derechos en él reconocidos. Además de esto, los Estados deben adecuar su derecho interno al derecho internacional aplicable.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03 del 17/9/2003)

 

 

Informes e inscripción:
Por correo electrónico: crees@adeei.org.ar  
Por tel. A.D.E.E.I: 4701-2362 / 4702-5696 /