Derechos de las personas de edad

Resolución 45/106 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14/12/1990

 

 

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 45/106 estableció el  1° de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las iniciativas de las Naciones Unidas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el mismo año, por la Asamblea General.

Hacia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas de Edad

NUEVO ESTUDIO TEMÁTICO SOBRE LA NECESIDAD DE REFORMULAR EL CONCEPTO DE “ENVEJECIMIENTO”:

A/HRC/18/37 4/7/2011 Estudio temático sobre el ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores realizado por el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover:

Destacando el considerable ritmo de envejecimiento del mundo, en el estudio del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, se recomienda un cambio de paradigma (párrafos 5-18) según el cual la sociedad debe dejar de aspirar exclusivamente a que sus ciudadanos envejezcan de manera saludable y comenzar a promover un envejecimiento activo y digno, que esté planificado al igual que cualquier otra etapa de la vida del individuo y reciba el mismo apoyo.

El envejecimiento activo y digno de las personas mayores exige reformular el concepto de “envejecimiento” que tiene la sociedad para poner más énfasis en la participación continua de las personas mayores en los ámbitos social, económico, cultural y cívico, así como en sus aportaciones continuas a la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el “envejecimiento” como el “proceso de cambio progresivo de la estructura biológica, psicológica y social de las personas”. El Relator Especial considera que el punto de vista dominante, que considera el envejecimiento un problema biomédico, conduce a la desafortunada idea de que el envejecimiento es un fenómeno anormal o patológico, al equiparar edad avanzada con enfermedad. Esta idea no solo es incompatible con el enfoque holístico de la salud humana, sino que también contribuye a perpetuar la impresión de que las personas mayores son personas dependientes y enfermas. Por lo que atañe a la salud de las personas mayores, el Relator Especial opina que debe haber un cambio de paradigma, que sustituya la idea de que las personas mayores son una “carga social” por la idea del proceso de “envejecimiento activo” y que permita reorientar nuestras concepciones acerca del envejecimiento para centrarlas en las aportaciones continuas de las personas mayores a la sociedad. Según la OMS9, el envejecimiento activo pretende optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad de las personas mayores, a fin de mejorar su calidad de vida. La palabra “activo” se refiere, pues, a la continua participación en actividades sociales, económicas, culturales y cívicas, y no solo a la capacidad de mantenerse activo físicamente o a formar parte de la población activa desde el punto de vista laboral.

En el 18 Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se abordará el estudio temático preparado por el Relator Especial, en una mesa redonda, y considerará la posible adopción de nuevas medidas sobre ese tema. Se invitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, los miembros del Comité Asesor y otros órganos y organismos competentes de las Naciones Unidas a participar en un diálogo interactivo sobre el estudio en el Consejo. El Consejo tendrá ante sí el estudio del Relator Especial Anand Grover (A/HRC/18/37).

Consentimiento informado

61. La garantía del consentimiento informado es un aspecto fundamental del respeto por la autonomía de la persona, su libre determinación y su dignidad humana. El consentimiento informado requiere varios elementos de derechos humanos que son indivisibles e interdependientes y están interrelacionados. Además del derecho a la salud, están el derecho a la autonomía, el derecho a la no discriminación, el derecho a no ser objeto de experimentos no consentidos, la seguridad y la dignidad de la persona humana, el reconocimiento ante la ley, la libertad de pensamiento y expresión y la libertad reproductiva. La autonomía, la integridad física y el bienestar de la persona son esenciales en el ámbito del derecho a la salud. En él se consideran la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la información en materia de salud como elementos  fundamentales de ese derecho, que se define como “derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud” (E/C.12/2000/4, párr. 12). En un informe a la Asamblea General, el Relator Especial definió el consentimiento informado como “una decisión voluntaria y suficientemente informada que protege el derecho del paciente a participar en la adopción de las decisiones médicas y atribuye a los proveedores de servicios de salud deberes y obligaciones conexos” (A/64/272, párr. 9).

62. La información sobre las cuestiones relacionadas con la salud ha de ser de la más alta calidad, libremente disponible sobre bases no discriminatorias, accesible de acuerdo con las necesidades de comunicación particulares de la persona (incluidas las circunstancias especiales físicas o culturales) y presentada de una manera aceptable desde un punto de vista cultural o de otra índole para la persona que ha de otorgar el consentimiento (ibid., párr. 23). El consentimiento informado requiere que la comunicación se adapte a los distintos niveles de comprensión y no sea demasiado técnica, compleja, precipitada o se realice en un idioma, una forma o un contexto que sea incomprensible para el paciente. Ello es particularmente cierto y necesario en el caso de los grupos de población vulnerables, como las personas mayores, que pueden requerir atención, explicaciones o asistencia adicionales cuando reciban información sobre salud de las personas que las cuiden como pacientes antes del tratamiento, para entender esa información adecuadamente.

63. En las evaluaciones realizadas se ha comprobado que hay un déficit en la información que se facilita a las personas mayores para ayudarlas a tomar una decisión informada, sobre todo a aquellas cuya educación es menos académica37. Algunos trabajadores de la salud pueden hacer caso omiso de la especial vulnerabilidad de las personas mayores y no obtener el consentimiento informado adecuadamente, pues ello puede resultar más complicado de lo habitual. La aplicación de un enfoque uniforme a las personas mayores suele ser inadecuada. Se requiere un enfoque más personalizado e individualizado, en el que se tengan en cuenta consideraciones de edad, para atender mejor las necesidades de ese grupo. Ello implica no limitarse a impartir a esas personas unos conocimientos básicos sobre la salud, que no garantizan debidamente su derecho a la salud, y proporcionarles, en cambio, una información, un concienciamiento y una educación sanitarios mucho mayores, quizá por medio de redes de compañeros.

64. Además del desequilibrio de poder, experiencia y confianza que se da intrínsecamente en la relación entre el médico y el paciente, las desigualdades estructurales pueden hacer peligrar gravemente el carácter voluntario o informado del consentimiento (ibid., párr. 45). A fin de proteger los derechos de las personas mayores, los Estados deben establecer mecanismos de apoyo adecuados que ayuden a superar las dificultades para lograr el consentimiento informado, entre ellos mecanismos participativos y de asesoramiento exhaustivo.

65. El papel de los profesionales de la salud es fundamental para garantizar el consentimiento informado. En muchos casos, los trabajadores de la salud carecen de formación sobre cómo comunicar información sanitaria a las personas mayores, que pueden tener necesidades especiales que muchas veces quedan insatisfechas. Las instituciones de enseñanza y capacitación médicas deben incorporar, en sus programas de estudios, la educación sobre el consentimiento informado de las poblaciones vulnerables y sus necesidades particulares. Los problemas estructurales, como la cantidad de tiempo de que disponen los médicos y los trabajadores de la salud para consultar con los pacientes, también frustran los esfuerzos encaminados a obtener el consentimiento informado. Las personas mayores pueden necesitar más atención y asistencia para entender plenamente las consecuencias de la información sobre salud que se les expone, lo que puede hacer que se vean especialmente afectadas por la escasez de tiempo de consulta. En general, toda persona debería recibir un tratamiento individualizado y debería revisarse periódicamente su estado de salud, incluida su medicación.

66. La denegación persistente del derecho al consentimiento informado podría constituir una forma de maltrato físico y psicológico de las personas mayores, que están mucho más expuestas a recibir tratamiento y atención sin su consentimiento. Esta situación se ve agravada por la discriminación dirigida contra esas personas, que en algunos casos pueden tener disminuida la capacidad de dar su consentimiento al tratamiento. El Relator Especial ha indicado anteriormente que se abusa de los ancianos por la ignorancia y el desamparo que se piensa que padecen y por su fragilidad física o mental real, como la que causan enfermedades degenerativas que disminuyen su capacidad para dar un consentimiento informado (A/64/272, párr. 51). También afrontan, más frecuentemente, situaciones en las que se requiere su consentimiento informado y, en las que, por lo tanto, la posibilidad de que se cometan infracciones y abusos es mayor.

67. Las autoridades nacionales no suelen promulgar leyes ni formular políticas para intentar resolver los problemas particulares relativos al consentimiento informado y las personas mayores. El problema de la legislación sobre las personas mayores y el derecho a la salud es particularmente agudo en los países en desarrollo, que suelen carecer de una normativa adecuada con respecto a la tutela o el consentimiento. En algunos países, el requisito legal del consentimiento informado se elude recurriendo a los procedimientos de tutela incluso en casos de incapacidad parcial y sustituyendo el consentimiento del paciente por el de su tutor. El derecho a la salud exige que los Estados respeten, protejan y satisfagan ese derecho, y a ellos les corresponde elaborar políticas y marcos por medio de los cuales puedan cumplirse los requisitos de ese derecho en el caso de las personas mayores. Es importante establecer salvaguardias para garantizar el consentimiento informado de esas personas en el ámbito de la tutela y fortalecer capacidad que tienen de comprender y hacer uso, de manera plena, de la información sobre la salud (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 12 3) y 4).

68. El Relator Especial considera que la cuestión del consentimiento informado de las personas mayores es cada vez más importante, dado el envejecimiento mundial y los consiguientes problemas sociales. Considera también que deberían elaborarse directrices internacionales y regímenes nacionales para regular las prácticas y garantizar que se apoye a las personas mayores para que tomen decisiones informadas en materia de atención de la salud. Además, convendría crear grupos de compañeros que proporcionen a las personas mayores información antes de su visita a un médico o a otro profesional de la medicina para que las trate, lo que podría ayudar a superar los problemas más urgentes, como la falta de formación.

69. El Relator Especial señala la importancia de sensibilizar y empoderar a las personas mayores, a fin de fortalecer su participación en la formulación de las políticas de salud y en la creación de redes por medio de las cuales esas personas puedan acceder a información sobre la salud más fácilmente. También es importante que esas personas estén en condiciones de comprender plenamente la información sobre su salud y de tomar decisiones voluntarias e informadas a partir de esa información. Es deber del Estado encontrar y aplicar fórmulas nuevas e innovadoras para atender a las personas mayores, idear fórmulas sensibles a la edad para facilitarles información relacionada con la salud y fomentar la participación de esas personas. 38 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 12 3) y 4).

párrafos 61 a 69 del Estudio temático sobre el ejercicio del derecho a la salud de las personas mayores realizado por el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover (A/HRC/18/37 4/7/2011)