Discapacidad

Fundación Aequitas – Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires – Asociación Equal – Honorable Senado de la Nación Argentina – Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata

 

Fecha: 10 y 11 de junio de 2010

Lugar: Edificio Anexo del Honorable Senado de la Nación Argentina – Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (Argentina) 

COMISIÓN N° IV: CAPACIDAD JURÍDICA Y PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD  Y LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA

Coordinadoras:

Dra. María Silvia VILLAVERDE (Argentina)

Jueza del Tribunal Colegiado de Instancia Única del fuero de familia n° 3 del departamento judicial de Lomas de Zamora – Prov. Buenos Aires

Dra. Carmen PÉREZ de ONTIVEROS (España)

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

 

OBJETO:  “Analizar la CAPACIDAD JURÍDICA y observar las perspectivas del impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la primera Convención sobre Derechos Humanos del siglo XXI. La misma pretende provocar un cambio social que asegure a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la sociedad, poniendo el acento en la eliminación de las barreras que impiden su participación activa en la misma.

Unos de los principales retos que supone su entrada en vigor es la correcta adaptación de las disposiciones que garantizan la igualdad de trato en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, considerando discriminatoria toda distinción que se base en la propia discapacidad. Estas disposiciones se encuentran recogidas, principalmente, en el artículo 12.

El marco legal establecido por el artículo 12 contempla un cambio en el modelo a adoptar, a la hora de regular la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, especialmente en aquellas situaciones en las cuales puede resultar necesario algún tipo de intervención de terceros. Mientras que el sistema tradicional tiende hacia un modelo de “sustitución” en la toma de decisiones, el modelo de derechos humanos en el que se fundamenta la Convención, se basa en la dignidad intrínseca de todas las personas y aboga por un modelo de “apoyo” en la toma de decisiones.

Este modelo incluido finalmente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad refleja la posición de las propias personas con discapacidad en contraposición al actual sistema imperante en prácticamente todos los sistemas jurídicos nacionales que manifiestamente provocan graves vulneraciones a los derechos fundamentales. Así, el modelo y el rumbo parecen bastantes claros, pero el camino se presenta confuso y complicado, por eso los esperamos en Buenos Aires, Argentina, el 10 y 11 de junio.”

 

TRABAJOS PRESENTADOS


 

COMISIONES:

Comisión nº I. Igualdad y capacidad jurídica

Causas de incapacitación o interdicción, juicio de capacidad del juez, juicio de capacidad del notario, garantías de igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica, prueba de la incapacidad, medidas previsionales, tutela y curatela, voluntad anticipada, poderes preventivos.

Comisión nº II. Sistema de apoyo para la toma de decisiones

Mecanismos de apoyo, instituciones de protección patrimonial y personal, salvaguardias, ejercicio de derecho personales (adopción, matrimonio, patria potestad), ejercicio de derechos patrimoniales (testamentos, donaciones, ventas).

Comisión nº III. Capacidad jurídica y acceso a la justicia

No discriminación en el acceso a justicia, capacidad para intervenir en el proceso, capacidad para ser testigo, capacidad para acceder a la función judicial, derecho de defensa un juicio, inimputabilidad penal, asesoramiento y apoyo legal en el proceso.

Comisión nº IV. Capacidad jurídica y protección de la libertad y la integridad física y psíquica

Ingreso y permanencia en instituciones psiquiátricas, experimentaciones médicas o científicas, consentimiento informado, protección de la sexualidad, protección de la capacidad reproductiva, internamientos de urgencia, garantía del derecho a la vida, protección contra los abusos.



CONCLUSIONES DE LAS COMISIONES


COMISIÓN I: “IGUALDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA”

El objetivo de la presente comisión es la de unir a la luz de la CDPD los conceptos de igualdad con el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. La unión entre el concepto de igualdad y no-discriminación por motivo de discapacidad y de la formulación establecida en el artículo 12 de la CDPD, todo ello desde una perspectiva de derechos humanos, conforman un bloque teórico-jurídico que de un modo lógico y axiológico impacta, o debería impactar, fuertemente en las legislaciones nacionales.

La interdicción o incapacitación (registra diferentes nombres en los diferentes derechos nacionales) se trata en esencia de un procedimiento por el cual se procede a anular y/o limitar la capacidad jurídica de una persona, nombrando a un representante que la va a suplir en todas o algunas decisiones de su vida.

Tradicionalmente se ha considerado que ciertas discapacidades como la ceguera, la sordera, la diversidad intelectual, y la discapacidad psicosocial eran (son) causales de incapacitación. Ante esta situación, la respuesta jurídica ha sido la de limitar de un modo absoluto la capacidad jurídica de la persona, lo que se suele denominar como interdicción o incapacitación total, que comprende todos los aspectos significativos de carecer personal (matrimonio, adopción, alistamiento en fuerzas armadas etc.) y de carácter patrimonial (testar, comprar, vender, donar etc.) del individuo.

Una ligera evolución del sistema clásico de interdicción (pero que sigue partiendo desde el modelo de sustitución) ha sido la inclusión en muchos Derechos nacionales de la figura de la interdicción parcial, o dicho en otras palabras, la limitación parcial de la capacidad jurídica determinando de un modo específico los aspectos de carácter personal y patrimonial en los cuales a la persona se la sustituye en la toma de decisiones.

Esta herramienta de la interdicción (ya sea total o parcial) se ha concebido y configurado desde un modelo netamente médico de la discapacidad, y desde la concepción de que determinadas personas con discapacidad carecen de la capacidad para tomar sus propias decisiones. Es una herramienta elemental del modelo de sustitución de la voluntad en la toma de decisiones.

Por tanto, si partimos desde el modelo social que ha inspirado filosóficamente a la CDPD, y volviendo a partir desde el propio propósito del instrumento, y los principios y valores recogidos en el artículo 3 como también la columna vertebral de la igualdad, parece no quedar lugar para una institución como la incapacitación dentro de la fórmula de: “igualdad en la capacidad jurídica”.

Consecuentemente es objetivo de esta Comisión abordar temas tales como; causas de incapacitación o interdicción, juicio de capacidad del juez, juicio de capacidad del notario, garantías de igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica, prueba de la incapacidad, medidas previsionales, tutela y curatela, voluntad anticipada, poderes preventivos, entre otros.

 

Conclusiones preliminares

La comisión sesionó durante dos días en el trascurso del cual se presentaron 14 trabajos que fueron defendidos oralmente por lo autores. Para el desarrollo de las sesiones se adoptó la siguiente metodología: cada ponente contó con un especio de 15 minutos para exponer de un modo oral los principales puntos de su trabajo. Al finalizar el ponente leyó sus conclusiones y formuló algunas reflexiones en clave de interrogante para motivar el debate. Luego de cada exposición los coordinadores otorgaron una especia de preguntas y debate que arrojó importantes reflexiones.

Consecuentemente, de los trabajos presentados, así como de los debates que se generaron a raíz de estos últimos, esta comisión arriba a las siguientes conclusiones;

1. La CDPD supone un cambio de paradigma en el modo de abordar la discapacidad que se plasma en el modelo social de discapacidad.

2. La CDPD, principalmente a través de del artículo 12 proclama de un modo categórico una garantía en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Dicha garantía obliga a los estados a no privar del ejercicio de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad por motivo de discapacidad.

3. Pese al lenguaje utilizado por el artículo 12 debe entenderse que el derecho de garantía en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad incluye tanto la dimensión de titularidad de derechos como la dimensión del ejercicio de los mismos, es decir, capacidad jurídica de adoptar decisiones con consecuencias jurídicas por decisión propia.

4. Las personas con discapacidad que se encuentran comprendidas por la garantía del artículo 12 incluyen a las personas con discapacidad intelectual, sensorial y psicosocial.

5. Como parte integrante del derecho de garantía en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, debe entenderse comprendido el derecho a recibir o requerir los apoyos necesarios para ejercer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás.

6. El régimen de capacidad jurídica, incluido la dimensión de ejercicio de los derechos en nombre propio, se encuentra íntimamente conectado con el derecho a la autonomía y el efectivo ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Por ello, su regulación interna debe adaptarse a los estándares establecidos en la normativa de derechos humanos y no viceversa.

7. La garantía de ejercicio de la capacidad jurídica por parte de personas con discapacidad es un derecho de igualdad y de carácter civil y político por lo que su aplicación es directamente operativa. La implementación del sistema de apoyos puede requerir un período de transición donde sea posible adaptar y utilizar algunos mecanismos existentes, de un modo temporal y siempre que no menoscabe la garantía del artículo 12.2.

8. La incorporación de la CDPD en los derechos internos, sobre todo en sistemas constitucionales como el argentino permite su invocación o aplicación a las situaciones vigentes, ello no sólo en manos de los operadores judiciales sino también por parte de todos los operadores jurídicos. El subsistema de derechos humanos recogido en la Constitución Nacional Argentina luego de la reforma de 1994 exige el llamado “control de convencionalidad”.

9. En virtud de las anteriores afirmaciones se generó en esta Comisión un sentimiento claro y generalizado de que es precio reformar la mayoría de las legislaciones nacionales que fueron objeto de análisis por parte de los ponentes, y en particular en lo que se refiere a la legislación civil.

10. En relación con el régimen jurídico de interdicción estipulado en el Código Civil Argentino todas los trabajos y las opiniones recogidas en el debate, destacaron la imperiosa y necesaria reforma del sistema vigente, por considerarla en clara contraposición a este nuevo paradigma que recoge la CDPD, y que lejos de proteger, se erige como un obstáculo para la plena integración y participación en la sociedad de las personas de las personas con discapacidad.

11. También se destacó con sólidos argumentos la dudosa compatibilidad con la CDPD de sistemas de atribución de incapacidad indirecta como el estipulado por el artículo 200 de Código Civil Español.

12. Sendos trabajos también demostraron la importancia de contar con herramientas que regulen las diferentes modalidades de expresión jurídica de la voluntad anticipada como la autotutela, los poderes preventivos o las directivas anticipadas. Dichas instituciones encuentran en los sistemas vigentes con enormes obstáculos tanto legales con actitudinales que dificultan su implementación y la seguridad jurídica. En términos generales, se consideró que la CDPD ni limita ni restringe el desarrollo de este tipo de herramientas.

13. Finalmente, se destacó el papel fundamental que juegan la mayoría de los operadores jurídicos en la posible y correcta aplicación en la CDPD en la práctica. Más allá del régimen de representación de tutela o curatela, lo cierto es que la gran mayoría de los actos transcendentales de carácter personal o patrimonial a los que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, se realizan ante operadores jurídicos que de algún modo deciden o evalúan la capacidad de la persona. Pensemos en los notarios, los jueces, los funcionarios públicos etc. Por ello su capacitación en el espíritu de la CDPD resulta elemental para cambiar la realidad del día a día.  Buenos Aires, viernes 11 de junio de 2010.

 

LLORENS, Luis Rogelio
El notario y el análisis del discernimiento de los otorgantes a la luz de la convención  
sobre los derechos de las personas con discapacidad


CASAS, René Carlos

Los actos de autoprotección o directivas anticipadas y las personas con discapacidad

REY, María Laura

La conciencia jurídica del siglo XXI en materia de discapacidad, frente al ordenamiento jurídico argentino y sus normas

RAJMIL, Alicia Beatriz y ARÉVALO Jorge
Una nueva mirada jurídica sobre la  igualdad y la capacidad de las personas

GARCÍA PONS, Antonio

Impacto del artículo 12 de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 en las legislaciones internas de los estados. el caso de España.

GILER Silvia, PIERRI Paola y SPINA Marcela

Todos somos sujetos pleno de derecho

GIL NAVARRO Silvia, SPIDALIERI Claudia y CHAGARAY Ruben

Trayecto que debe recorrer una persona con discapacidad en la búsqueda de empleo a la luz de los principios establecidos en la CDPD. Discriminación encubierta.

CUENCA GOMEZ, Patricia
La igualdad en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad: algunas implicaciones del art. 12 de la CIDPD en el Ordenamiento jurídico español.

LUCERO ESEVERRI Roberto y ZUVILIVIA Marina

Hacia un estado constitucional de derecho

BACIGALUPPO Natalia Corina, DE DIOS Mónica Rosana y MARZUILLO Pedro Eugenio

Discapacidad intelectual y el artículo 12 de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

HERNÁNDEZ BEZANILLA Emma y HERNÁNDEZ BORUNDA Raúl

Reflexión  sobre los poderes preventivos o mandatos de protección
 


 

COMISIÓN Nº II. SISTEMA DE APOYO PARA LA TOMA DE DECISIONES (SATD).

Seguramente el concepto que marca más claramente el cambio de paradigma en el ejercicio de la capacidad jurídica por parte de personas con discapacidad es el de la “figura de apoyo” prevista en el inciso 3 del artículo 12 de la CDPD. La lectura comprensiva del artículo 12 con todas las disposiciones de la CDPD nos permite sugerir algunas conclusiones: 1) La CDPD parece no sólo obligar a incorporar el SATD sino más bien a reemplazar con el mismo los sistemas existentes de sustitución como la tutela o la curatela, sin perjuicio de un período de transición razonable; 2) Se trata de un sistema complejo que no sólo requerirá de reformas legales, sino también de una acción política del Estado que garantice, entre otras cuestiones, educación y recursos financieros adecuados. Es por ello que no consiste simplemente en reemplazar el nombre de tutela o curatela en las legislaciones nacionales; 3) Es preciso comprender que para que el SATD cumpla su cometido y resulte efectivo, debe adaptarse a las diferentes situaciones personales y sociales. Para que ello sea posible, es necesario diferenciar entre diferentes tipo de “apoyo”. Esta diferenciación debe establecerse en un primer lugar en relación con el tipo de acto jurídico, y en segundo lugar en relación con el tipo de figura de apoyo adecuado. En relación con lo primero, es preciso diferenciar ente actos trascendentales para la vida y/o el patrimonio de la persona (matrimonio, venta o compra de una casa, donación), y actos ordinarios de la vida común (reformar su casa, ir de viaje, suscribirse a un club deportivo). En relación con lo segundo señalado, es preciso poner a disposición de la persona diferentes tipos de figuras de apoyo que mejor se adapte a su situación particular. Por ejemplo, la posibilidad de un asistente personal, o la de un familiar, o la de un grupo de amigos, o la de una asociación, o la de un ombudsman.

Consecuentemente es objetivo de esta comisión abordar temas tales como; mecanismos de apoyo, instituciones de protección patrimonial y personal, salvaguardias, ejercicio de derecho personales (adopción, matrimonio, patria potestad), ejercicio de derechos patrimoniales (testamentos, donaciones, ventas), entro otros.

Metodología de presentación de las ponencias.

Los cuatro trabajos fueron presentados durante las dos jornadas, brindando un espacio para que los autores expongan sus ideas bases y conclusiones, a continuación de lo cual se abrió el debate para las preguntas a los ponentes, pedir aclaraciones, formular contrapropuestas, o emitir opiniones acerca de las ponencias expuestas. A continuación se expone el resumen de la exposición de cada ponente y las apreciaciones del debate.

Primera ponencia: “El acompañamiento terapéutico es una herramienta valiosa para la efectiva vigencia del artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”. Autora: Dra. Bibiana Magnago. (Argentina)

La autora centró su trabajo en señalar al acompañamiento terapéutico como elemento efectivo de apertura al medio social, una herramienta eficaz y dinámica de integración social; una alternativa a la escasez de recursos humanos del actual sistema en relación a la cantidad de personas asistidas, que permite mayor inmediación, y mejor calidad de vida para el ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad por sí misma, favoreciendo el desarrollo personal en las elecciones que se dan en la cotidianeidad. Estimó necesario establecer una mayor uniformidad en las incumbencias profesionales del acompañante terapéutico.

En el debate se preguntó acerca de cómo establecer los honorarios, respondiéndose que se devengarían a partir de los recursos propios de los asistidos, o provenientes del Estado. Se estimó la alternativa de asignar acompañantes terapéuticos tanto a personas internadas y a no internadas, indistintamente. Se afirmó acerca de la innecesariedad de que el acompañante terapéutico sea un técnico, pudiendo ser un referente o persona cercana a la persona asistida, aún cuando sería necesario establecer correctamente su grado de responsabilidad.

Se formularon afirmaciones relativas a la internación de personas menores de edad a través de medidas excepcionales, que no constituyan un orden de integración abandónico.

Se efectuó referencia a la ley española 39/2006 que norma prestaciones análogas de asistencia personal, pero limitadas a personas de gran dependencia, por lo se estimó la conveniencia de recurrir en el sistema español, al voluntariado de las fundaciones tutelares.

En lo concreto al tema del sistema de apoyo, la autora respondió negativamente a la pregunta de si el acompañante terapéutico implicaba el reemplazo de la figura del curador, afirmándose sin embargo en el debate, la necesidad de replantear las funciones del curador a los fines de que no sustituya la voluntad de la persona asistida.


Segunda ponencia: “Acceso al crédito vitalicio por personas con discapacidad”. Autor: Not. Roberto A. Lucero Eseverri. (Argentina)

El autor centró su idea base de acceso al crédito vitalicio con garantía hipotecaria (“hipoteca inversa”) en el art. 4 de la Convención relativa a la obligación de los Estados Partes para la toma de todas las medidas pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igual de condiciones con los demás, a tener acceso a las hipotecas y otras modalidades de crédito financiero.

Profundizó en la dificultad que se da aún en el antecedente normativo conocido -la ley española 41/2007- en base a la desconfianza que tienen los jueces para autorizar el gravamen. Frente a lo cual, sostuvo que proteger no es cuidar los bienes sino darles utilidad.

Concluyó en que se debe implementar un sistema de apoyo que garantice a la persona con discapacidad, la efectiva toma de decisiones sobre sus bienes, evitando que sea despojada de su administración, disposición o gravamen de forma arbitraria.

El debate se centró en la desconfianza hacia el sistema financiero privado para el otorgamiento de los créditos, por lo que se estimó que la fuente de financiamiento sea la banca pública. Si bien el instituto jurídico propuesto se limitaría a las personas con discapacidad que fueran propietarias de al menos un inmueble, se adujo acerca de la conveniencia de contemplarlo como alternativa de protección para dichas personas; más aún cuando la falta de regulación legal no impide la aplicación del instituto.


Tercera ponencia: “Artículo 12CDPC. Medidas de apoyo y de salvaguardia. Propuestas para su implementación en el régimen jurídico argentino”

Autores: Juan Pablo Olmo y Julio A. Martínez Alcorta (Argentina)

Los autores, tras hacer un preciso repaso de cómo ha evolucionado el concepto de capacidad jurídica, sostienen el criterio de que para la implementación exitosa del artículo 12 de este instrumento internacional resulta necesaria una interpretación laxa del Derecho vigente. Así, dentro de las facultades del juez al momento de dictar una sentencia de inhabilitación, se amplía el campo de asistencia patrimonial al de lo personal a fin de evitar que el sujeto otorgue actos perjudiciales para su persona. El juez debe contar, además, con la flexibilización suficiente para lograr adecuar las funciones del curador asistente a cada caso concreto. Las medidas de apoyo cuentan con sustento supralegal por encontrarse previstas genéricamente en la Convención y devienen operativas en el expediente judicial sin contratiempos. Las salvaguardas se proyectan –entre otros supuestos- como garantía del debido proceso para el trámite en el cual se determinará la aplicación o no de una medida de apoyo y a los fines de determinar el contenido y alcance de los apoyos y su posible modificación como garantía de “proporcionalidad y adecuación” para no dejar a la persona ni desprotegida ni sobreprotegida.


Cuarta ponencia: “Experiencia de fortalecimiento de la ciudadanía. El ejercicio de derechos y la toma de decisiones en personas con discapacidad psicosocial”.

Autores: Ana Nuñez y Elsa Bustamante (Perù)

En su intervención, sustentada en una investigación realizada en instituciones de salud mental, en entrevistas individuales a personas con discapacidad mental y a familiares, reuniones con grupos organizados de familiares y a población afectada por la violencia doméstica, se reflejo como resultado la importancia de generar y fortalecer la organización de las personas con discapacidad psicosocial, como sistema de acompañamiento entre pares para la toma de decisiones personales y organizacionales. El acompañamiento debe apuntar a la progresiva toma de decisiones de las personas con discapacidad psicosocial, apoyado en un facilitador que respete y vele por el ejercicio pleno de los derechos a la vez que fortalezca su progresiva autodeterminación.

Por último cabe acotar que en sentido general se abogó por la necesidad de que los operadores del derecho, principalmente escribanos y jueces, apliquen e interpreten el artículo 12.2 de la Convención conforme con los nuevos paradigmas que ésta impone con independencia del ajuste que del Derecho interno a los principios de la Convención han de hacer los Estados partes. No se trata tan solo de legislar en clave de pleno reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad sino de que quien aplique e interprete la norma y con ello las instituciones jurídicas lo haga con una mentalidad abocada a los nuevos paradigmas. El cambio de tales paradigmas conlleva a un cambio de la manera clásica en que se ha venida entendiendo el ejercicio de la capacidad de las personas con discapacidad. Tal cambio tiene que venir de la mano de la ruptura de los eslabones tradicionales que atan el pensar de quienes luego hacen y realizan el Derecho.


 LUCERO ESEVERRI, Roberto A.
Acceso al credito vitalicio por personas con discapacidad

OLMO Juan Pablo y MARTINEZ ALCORTA Julio

Art. 12 CDPD: medidas de apoyo y de salvaguardia. propuestas para su implementación en el régimen jurídico argentino

MAGNANO, Bibiana

El acompañamiento terapéutico es una herramienta valiosa para la efectiva vigencia del artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

NUÑEZ JOYO, Ana

Experiencia de fortalecimiento de la ciudadanía, el ejercicio de derechos y la toma de decisiones en personas con discapacidad psicosocial
 

 


COMISIÓN Nº III. CAPACIDAD JURÍDICA Y ACCESO A LA JUSTICIA.

I.- El avance en un cambio de paradigma tan importante como el que supone la Convención de la ONU sobre los DH de las PcD supone un profundo problema cultural ya que la misma esta eliminando, entre otras cosas, el concepto de “ no puedo” como forma de limitar las posibilidades de las PcD.

II.- Los Juzgados especializados podrían constituir un paso previo ya que hacen visible la situación de vulnerabilidad de determinados grupos. Ahora bien, también pueden constituir una nueva forma de discriminación. La CDPD establece que no se deben crear derechos específicos sino garantizar los mismos en igualdad de condiciones con las demás personas a las PcD.

III.- Es fundamental la capacitación y sensibilización de los profesionales que intervienen en el tratamiento jurídico de los problemas de las PcD, incluidos médicos, psicólogos, trabajadores sociales etc. La sensibilización debe afectar también a la sociedad en su conjunto. La capacitación debe darse en todos los niveles, desde la escuela hasta la formación profesional continuada con el fin de contribuir a disminuir e eliminar la brecha entre lo que sucede de hecho y lo que establece el derecho. En esta formación sería interesante emplear un método circular que supone partir de ponerse en el lugar de las PcD.

IV.- Se debería permitir e incentivar legislativamente la posibilidad de que se establezcan sistemas graduales de determinación de los apoyos necesarios para permitir a las PcD el ejercicio completo de sus derechos y de su participación en el mundo jurídico.

V.- Se aboga por la creación de defensores especializados para garantizar el acceso a la justicia de las PcD.

VI.- Las PcD pueden acceder a todas las profesiones de carácter jurídico debiendo ajustarse para ello en lo necesario los diferentes puestos de trabajo. Se acuerda de forma unánime que no existe motivo razonable ninguno que haga que se pueda a excluir a alguien de las mismas en base exclusiva a su discapacidad y sin tener en cuenta sus facultades individuales.

VII.- Se cree necesario difundir las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de marzo de 2008.

VIII.- Sería conveniente para que las personas con discapacidad (sean consideradas beneficiarias del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de umbrales económicos, cuando se trate de litigar sobre derechos que incidan en dicha discapacidad.

IX.- La Comisión manifiesta su preocupación sobre las personas con discapacidad en entornos carcelarios y considera la necesidad de modificar el artículo 34 del Código Penal argentino para adaptar el concepto de in imputabilidad a la verdadera realidad de las PcD.

 

RIVERO, Fátima
Libertad y responsabilidad de las personas con discapacidad

LAUFER, Mariano

El derecho de defensa y el acceso a la justicia de las personas usuarias de los servicios de salud mental

LAUFER, Mariano
“La igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad psicosocial: cómo colaborar con la creación de condiciones materiales para la implementación de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”.  




COMISIÓN N° IV: CAPACIDAD JURÍDICA Y PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA

Conclusiones:

La vigencia del art. 14 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad donde se reconoce el derecho a la libertad y seguridad de la persona requiere la necesidad de que se adopten las garantías convenientes en aquellos casos en los que se haga necesario el ingreso de una persona con discapacidad en un Instituto de salud mental.

Entre estas garantías habrían de incluirse el respeto a la voluntad y autonomía de la persona sobre la base de un consentimiento libre, prestado tras una información adecuada a sus circunstancias personales.

En la protección de los derechos humanos consagrados en la Convención se ha considerado como condición de eficacia la capacitación y formación adecuada de todos los operadores y profesionales de los diversos sectores involucrados.

Previo a adoptar una medida privativa de libertad han de agotarse las vías conducentes a evitarla, posibilitando que el tratamiento se lleve a cabo de forma ambulatoria e incluido en su propia comunidad, de acuerdo a lo previsto en el art. 25. c), descartando cualquier práctica de normalización y despersonalización.

Otra cuestión relevante en este punto es la referida a los ensayos clínicos que se desarrollan en el marco de la investigación biomédica, especialmente en los casos en que se trate de procedimientos invasivos.

El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a apoyos en la toma de decisiones sobre esta y todas las cuestiones relacionadas con la salud.


RAMIRO AVILÉS, Miguel Ángel
Discapacidad e investigación biomédica en España

FERREIRA SORUCO, Viviana

De la exclusión a la pluralidad: un camino humano

BIEL PORTERO, Israel
De la sustitución al apoyo de capacidades: ¿el fin de los internamientos forzosos? perspectiva internacional y europea

REVIRIEGO, Fernando y FERNANDEZ, Pedro

La violencia de género en las mujeres con discapacidad; un tema olvidado

CONTINO, Alejandro

La función Psi en el campo de la discapacidad mental

RINFORZI María Inés y PICONE Homero

Juzgados especializados en salud mental